Hay momentos en los que un Gobierno tiene que dejar de repartir responsabilidades y empezar a asumirlas. La crisis de Ceuta es uno de ellos.

La situación de la ciudad autónoma ha dejado de ser hace tiempo un episodio más de la presión migratoria en la frontera sur. La entrada masiva de personas registrada a finales de julio ha puesto al límite los servicios públicos, ha desbordado la capacidad de acogida y ha obligado a improvisar soluciones sobre la marcha. Y cuando una emergencia de esta magnitud se prolonga durante semanas, la improvisación deja de ser una respuesta y empieza a convertirse en parte del problema.

El último capítulo de esta crisis es el reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas. Castilla y León, Aragón y Extremadura han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia convocada por el Gobierno y han rechazado asumir nuevas derivaciones. La Junta de Castilla y León sostiene, además, que su red de acogida se encuentra al límite.

Conviene detenerse en este punto porque reducir el debate a una cuestión ideológica sería demasiado sencillo y, probablemente, demasiado cómodo para el propio Gobierno.

Castilla y León tiene la obligación de atender a los menores que estén bajo su responsabilidad y de cumplir la legislación. Pero también tiene la obligación de defender la capacidad de su propia red de protección, garantizar que los recursos disponibles son suficientes y exigir que las decisiones extraordinarias se adopten con planificación, información y garantías.

Y ahí es donde el Gobierno central está fallando.

No parece razonable que, en una crisis que el propio Ejecutivo ha tenido que reconocer formalmente como una situación de presión inédita sobre las capacidades de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y protección de menores, la solución termine reducida a decidir cuántos menores corresponden a cada Comunidad. El propio Gobierno ha declarado la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Por tanto, estamos ante un problema que excede claramente las competencias ordinarias de una ciudad autónoma y de las comunidades.

Lo preocupante es que ni siquiera las cifras han sido capaces de mantenerse estables. En las últimas semanas hemos asistido a sucesivas rectificaciones sobre el número de menores identificados, hasta el punto de que Interior ha reconocido problemas informáticos y duplicidades en los expedientes.

¿Cómo puede pedirse a las comunidades que organicen recursos, plazas, profesionales, centros educativos y servicios sociales si el Estado no es capaz de ofrecer primero una fotografía fiable de la dimensión del problema?

Hay una segunda cuestión todavía más importante. El Gobierno insiste en que primero hay que trasladar a los menores a la península y después estudiar cada caso individualmente. Puede ser una obligación legal y humanitaria atender y proteger a esos menores. Pero precisamente por eso resulta imprescindible que el procedimiento sea serio, individualizado y ordenado, y que no se presente como solución lo que en realidad es únicamente un traslado del problema desde Ceuta hasta otros territorios.

Ceuta no puede quedar abandonada a su suerte. Pero tampoco puede Castilla y León convertirse en el destino automático de una crisis cuya gestión corresponde, en primer término, al Estado.

La solidaridad territorial no puede consistir en que unas administraciones paguen las consecuencias de que otras no hayan hecho su trabajo a tiempo. Solidaridad significa compartir esfuerzos cuando existe una planificación común, recursos suficientes y reglas claras. No significa improvisar un reparto cuando las infraestructuras están saturadas y las decisiones llegan tarde.

El Gobierno ha aprobado ahora 25 millones de euros para atender la emergencia de los menores en Ceuta. Es una decisión necesaria, pero llega después de semanas de presión extrema y no resuelve por sí sola el problema de fondo.

Mientras tanto, la tensión social crece. En Ceuta ya se han producido episodios de enfrentamiento entre vecinos, migrantes y fuerzas de seguridad. Cuando una crisis humanitaria empieza a transformarse en un problema de convivencia, el margen para la improvisación desaparece por completo.

Y este debería ser el punto de encuentro entre todas las administraciones.

No se trata de cerrar los ojos ante los menores. No se trata de negar la obligación de protegerlos. Tampoco de convertir una emergencia humanitaria en un arma partidista. Se trata de exigir al Estado que ejerza como Estado.

Que controle sus fronteras. Que identifique correctamente a quienes han llegado. Que determine la situación de cada menor. Que acelere, cuando legalmente proceda, la reunificación familiar o el retorno. Que garantice recursos suficientes para la protección de quienes deban permanecer en España. Y que, cuando sea necesario recurrir a las comunidades autónomas, lo haga mediante un sistema transparente, financiado, planificado y asumible.

Castilla y León puede y debe ser solidaria. Pero también puede y debe decir que la solidaridad no puede utilizarse como coartada para ocultar el fracaso de una gestión. Porque Ceuta no necesita que el Gobierno reparta el problema. Necesita que el Gobierno lo resuelva.

Y cuanto antes se entienda que esto no es una competición entre territorios, sino una crisis que afecta a España en su conjunto, antes podremos empezar a hablar de soluciones en lugar de seguir discutiendo sobre quién debe hacerse cargo del siguiente expediente.