El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Soria ha decidido trasladar a los tribunales su oposición a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La formación ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, contra la ordenanza municipal que regula las limitaciones a la circulación de vehículos.

La concejala Sara López considera que la normativa aprobada por el Gobierno municipal socialista carece de una justificación ambiental suficiente y establece restricciones que, a juicio de su partido, resultan desproporcionadas para las características de la capital soriana. "Soria es una de las ciudades con mejor calidad del aire de España. Nos quieren aplicar una norma pensada para Madrid o Barcelona, y aquí no hay ningún problema de contaminación que la justifique", sostiene la edil.

Uno de los principales argumentos de Vox es que buena parte del espacio incluido en la ZBE ya contaba con restricciones al tráfico o estaba peatonalizado, circunstancia que, según la formación, reduce los posibles beneficios ambientales de la nueva regulación.

El partido también cuestiona las razones que han llevado al Ayuntamiento a aprobar la ordenanza y vincula su puesta en marcha con la financiación europea. "Esto no va de mejorar el aire, va de justificar subvenciones. Y quien lo acaba sufriendo son los sorianos", afirma López.

Las multas y el impacto sobre las familias

La formación pone especial énfasis en las consecuencias económicas que, a su entender, pueden derivarse de las limitaciones a la circulación. Vox considera que los hogares con menor capacidad adquisitiva, los autónomos y las personas mayores pueden encontrarse entre los colectivos más afectados al no disponer de recursos para sustituir sus vehículos. "No se puede castigar a las familias por tener el coche que se pueden pagar", señala la concejala, que atribuye además una finalidad recaudatoria al régimen sancionador previsto en la ordenanza.

Las críticas también alcanzan a las posibles repercusiones sobre la actividad económica del centro de Soria. López advierte de que las restricciones podrían dificultar la llegada de consumidores y perjudicar a los establecimientos comerciales y hosteleros. "Las restricciones alejan a los potenciales clientes del centro y perjudican al pequeño comercio, ya de por sí castigado por la despoblación y la pérdida de actividad", manifiesta.

El acceso a Soria desde los pueblos, otro argumento

La movilidad entre la capital y los municipios de la provincia constituye otro de los aspectos que Vox incorpora a su oposición a la ZBE. La formación sostiene que el vehículo privado resulta imprescindible para numerosos habitantes del medio rural, especialmente ante las limitaciones de las alternativas de transporte público.

López considera que las características territoriales y demográficas de Soria deben tenerse en cuenta a la hora de establecer cualquier restricción a la circulación. "No vamos a permitir que se convierta en una ciudad de acceso restringido y de sanciones, ni para los de fuera, ni para los de dentro", asegura.

De las protestas a la vía judicial

La presentación del recurso supone un nuevo paso en la campaña desarrollada por Vox contra la ordenanza municipal. El grupo recuerda que anteriormente impulsó una recogida de firmas y participó en una caravana de vehículos con la que expresó públicamente su rechazo a la regulación. Según la formación, la movilización reunió a cientos de sorianos contrarios a las restricciones.

Sara López acusa al equipo de Gobierno de no haber atendido suficientemente las alegaciones presentadas durante la tramitación de la normativa y de haber seguido adelante sin alcanzar un consenso vecinal. "El gobierno socialista ha gobernado de espaldas a los sorianos. Ha sido una imposición sin consenso, por eso hemos recogido firmas y salido a la calle", afirma.

Con el recurso ante el TSJCyL, Vox busca impugnar judicialmente la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, al tiempo que anuncia su intención de mantener las actuaciones políticas contra las restricciones. Por el momento, la presentación del recurso no supone que el tribunal haya estimado los argumentos de la formación ni que la ordenanza haya sido anulada.