El Gobierno de España ha abierto expediente a una empresa concesionaria de las líneas de transporte por carretera que opera en la provincia de Soria tras las denuncias de numerosos usuarios por el recorte de servicios que se sufre desde el inicio de la pandemia, ya que considera que ahora este recorte ya no está justificado.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, no desveló a que línea se ha abierto expediente, pero sí subrayó que desde la Dirección de Transporte por Carretera se analiza la situación tras las "denuncias verbales" de usuarios que determinan la disminución de frecuencias en determinados trayectos.

"El Ministerio ha levantado un expediente informativo y ha enviado a su equipo de inspectores para evaluar la situación", precisó. El subdelegado admitió que algunas de estas empresas no han retomado los servicios previos a la pandemia, a pesar de que así se les ha instando "constantemente" desde el Ministerio, y agregó que no es partidario de rescindir el contrato porque la provincia se quedaría sin esos servicios suprimidos, aunque sean escasos.

"Independientemente de que se pueda plantear alguna sanción, la siguiente consecuencia sería rescindir el contrato y eso sería una situación extrema a la que no se debería llegar. Creo que las compañías deben retomar la actividad y las frecuencias", precisó, para insistir en que confía en que las compañías de autobuses cumplan los compromisos contractuales cuando se les otorgó la concesión.

Respecto a la conexión con la línea férrea con Calatayud para unir Soria a la Alta Velocidad, destino Barcelona o Madrid, el subdelegado aseguró que se "estudian las fórmulas" para habilitar esta comunicación y que el usuario pueda viajar "con condiciones ventajosas tanto en AVE como en tren convencional".