El Partido Popular ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con la que busca reforzar el control del consumo de alcohol y drogas entre los conductores profesionales de vehículos destinados al transporte de pasajeros y mercancías. La propuesta plantea que estos trabajadores se sometan anualmente a un reconocimiento médico obligatorio, que incluya pruebas clínicas específicas para detectar la presencia de dichas sustancias.

Con esta iniciativa, el PP marca distancia con la proposición de ley impulsada por el PSOE, que pretende reducir drásticamente la actual tasa máxima de alcohol permitida al volante. Esta propuesta socialista fue admitida a trámite el pasado 18 de marzo con el respaldo de 177 votos, 32 en contra y 135 abstenciones, entre ellas la del PP.

La propuesta registrada por el PP, aún pendiente de admisión en el Congreso, se centra exclusivamente en los conductores profesionales, como camioneros y chóferes de autobuses. En ella se propone reformar tres marcos normativos: la Ley de Tráfico, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento General de Conductores.

Uno de los puntos clave es la vinculación entre la renovación del permiso de conducir y un reconocimiento médico anual que permita detectar el consumo de sustancias. Según el PP, este control periódico serviría para reforzar la concienciación sobre los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, a pesar de no eliminar completamente el problema.

La propuesta también contempla que este tipo de reconocimiento sea obligatorio en los casos donde el conductor haya perdido todos los puntos del carné como resultado de conducir ebrio o bajo el efecto de drogas. En estos casos, se exigiría una evaluación médica que acredite que el profesional está en condiciones de volver a ejercer su labor.

Además, el PP plantea que los cursos de recuperación de puntos y formación para conductores profesionales incluyan de forma destacada contenidos sobre los peligros de conducir bajo el efecto de estas sustancias.

Por otro lado, se insta a la Dirección General de Tráfico (DGT) a realizar campañas regulares de sensibilización, y se propone que las administraciones públicas desarrollen programas de rehabilitación dirigidos a conductores sancionados, con el objetivo de facilitar su reinserción laboral.

La propuesta incluye también una modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de permitir a las empresas del sector realizar controles médicos aleatorios para verificar que sus empleados estén en condiciones óptimas de salud y libres de consumo de sustancias.

Finalmente, el PP solicita que el Reglamento General de Conductores se adapte para incluir la obligatoriedad del reconocimiento médico anual, incorporando pruebas clínicas pactadas en el marco de la negociación colectiva del sector.