Teniendo en cuenta que las universidades públicas españolas enfrentan un importante déficit económico, podría parecer absurdo que se dudara de que la respuesta es sí.

España invierte algo más de 15.000 euros de media por estudiante universitario, un veinticinco por ciento menos que la media de los países de la OCDE, que se sitúa en algo más de 20.000 euros por estudiante.

La mala gestión de los recursos, más allá de una probable infrafinanciación, produce mala reputación financiera y falta de solvencia, y se traduce en menor inversión en infraestructuras, equipos y tecnología, lo que afecta la calidad de la enseñanza y la investigación, y en la incapacidad para desarrollar nuevos proyectos académicos

Pero preguntando en diversos entornos universitarios, la realidad es que el rigor y la calidad de la gestión no es un factor prioritario en el ecosistema universitario, que demasiadas veces funciona como una especie de paleocorporativismo, y una cierta tendencia a ver la universidad, no como una unidad con intereses comunes, materiales y de concepto, sino estrictamente como la suma de las partes, en el que las escuelas o facultades preguntan al candidato a rector, ¿qué hay de lo mío?, como una suma de reinos de taifas, banalizando el concepto de universidad, y la reflexión que su gobierno debería llevar incorporada

Hace algunos meses ya, en la Universidad de Sevilla, el catedrático de Geografía Económica, Manuel Marchena, pretendía, y aún pretende, presentarse a rector frente a la candidatura continuista. El equipo saliente presentaba un balance de gestión mediocre, con casi todos los indicadores de la CRUE suspendidos, particularmente los económicos. Pero representa, en cierta medida, al establishment académico y el status quo dominante, aunque no a toda la comunidad. Marchena presenta un programa atractivo, con compromiso de rendición de cuentas, pero sin gestión previa contrastable en la universidad, aunque sí fuera, en la administración pública, en cargo electo.  Probablemente sería una contienda reñida. Pero el establishment persigue, vía estatutos, que una lectura rígida de la normativa evite que la candidatura de Marchena salga adelante como alternativa. En el mundo universitario no gusta la rendición de cuentas sobre compromisos de gestión, sino cierta adhesión protocorporativa.

Es cierto que hay excepciones. En la Universidad Politécnica de Cataluña justamente hay elecciones en las próximas semanas. Uno de los candidatos, Daniel Crespo, el rector actual, se presenta con el aval de una gestión económica brillante, con importante recorte de deuda y déficit, con amortizaciones anticipadas y con reducción significativa del tiempo de pago a proveedores. Este aumento de la solvencia financiera le ha permitido enfrentar la renovación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Diagonal, postergada durante décadas. Y en el plano del proyecto académico y social, ha creado, por primera vez en España, una facultad de medicina en una universidad politécnica, subrayando el papel cada vez más fundamental de la tecnología en la medicina. Además, a integrado la Formación Profesional en la UPC, asumiendo que es un nicho de talento y favoreciendo la función de la universidad como ascensor social. Enfrente tiene a Francesc Torres, que ya fue rector antes que Crespo. Las gestiones respectivas no son muy comparables. Los resultados de Torres fueron irrelevantes, aunque tuvo el hándicap de la pandemia, que cayó en su mandato. Pero lo interesante es que Torres no pretende disputar el rectorado con una propuesta de mejora de la gestión económica y académica, sino que se ofrece como rector no intervencionista, como mero mediador de las peticiones de las escuelas. Justo lo que comentaba al principio, nada de rendición de cuentas sino complicidad con el interés particular y no general.

¿Debe tener una universidad un proyecto especifico de gestión rigurosa del que se responda, unas prioridades razonadas y un proyecto de futuro más allá de la realidad existente o, por el contrario, ha de ser una especie de cooperativa de escuelas o facultades, cuyos intereses se han de conjugar diplomáticamente y poco más?

Como ciudadana yo diría que quiero el modelo con proyecto, rigor económico y rendición de cuentas. Pero la reciente experiencia sevillana nos indica que a veces la comunidad universitaria se organiza con criterio de competencia lobística interna, al margen de los proyectos o de las expectativas de buena gestión, y al margen de la sociedad y sus necesidades.

Será interesante ver que pasa en la UPC en pocas semanas. Porque lo de Sevilla va para largo.