España continúa incumpliendo, total o parcialmente, las 19 recomendaciones para luchar contra la corrupción que le viene haciendo desde 2019 el Consejo de Europa, que aunque reconoce algunos avances, en particular con proyectos legislativos que se han esbozado, lamenta que no se hayan materializado.

En un informe publicado este viernes que actualiza la evaluación de esas recomendaciones respecto a otro relativo a 2023, el organismo anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO) considera que el incumplimiento sigue siendo total para 3 de esas 19 recomendaciones, frente a seis anteriormente, según informa EFE.

El GRECO insiste en que esas evoluciones no son suficientes a la vista de lo que viene reclamando desde hace ya seis años y, por eso, ha pedido a España que le entregue un informe de aquí al 30 de junio de 2026 en el que le detalle los progresos que haya hecho. Además, el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, ha enviado una carta al ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, para instarle a que se "tome una acción determinada con vistas a lograr progresos tangibles tan pronto como sea posible".

De las tres recomendaciones totalmente incumplidas, una se refiere al régimen que debería aplicarse a los asesores del Gobierno, ya que el GRECO estima que debería ser equivalente al que tienen las personas con responsabilidades en el Ejecutivo en términos de transparencia y de exigencias de integridad.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, había anunciado a finales de 2024 su intención de sacar adelante una nueva ley de Administración Abierta donde se iban a abordar algunos de esas cuestiones, pero el GRECO hace hincapié en que el proyecto de ley todavía no ha sido aprobado en Consejo de Ministros y, por tanto, no ha podido evaluar su contenido.

Otro punto en el que no ha habido avances desde 2019 es en el de la revisión requerida del aforamiento de los miembros del Gobierno, para que no se impida a la Justicia actuar contra ellos cuando haya sospechas de corrupción.

Las autoridades españolas han alegado que el aforamiento no impide la acción judicial, sino que simplemente establece que la instancia competente para hacerlo es el Tribunal Supremo, y también que hay un proyecto de reforma desde 2019 en las Cortes para limitar su alcance, pero eso no convence al organismo del Consejo de Europa.

Sobre los grupos de presión, el GRECO querría que hubiera reglas de transparencia sobre los contactos que mantienen con los responsables del Gobierno y del Parlamento, para que se disponga de información sobre los objetivos de esas relaciones y, en particular, que se pueda identificar a esas personas y conocer los asuntos que tratan.

Si bien ve con buenos ojos el proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros en enero sobre la transparencia y la integridad de las actividades de los grupos de interés, que prevé la creación de un registro y una serie de obligaciones y sanciones, lamenta que en el mismo no aparezca su recomendación sobre la transparencia de las agendas y habla de "una oportunidad perdida", recoge EFE.

Sobre las llamadas 'puertas giratorias', es decir el paso de responsables políticos a puestos empresariales al finalizar sus funciones que podrían dar lugar a conflictos de intereses, el Consejo de Europa quiere que las restricciones sean reforzadas y que estén supervisadas por un órgano independiente.

EL GOBIERNO DESTACA AVANCES

Por su parte, desde el Gobierno español el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha destacado los avances logrados por España en las recomendaciones para luchar contra la corrupción que desde 2019 realiza el Consejo de Europa.

En este sentido, destaca cómo este informe constata que España avanza en la prevención de la corrupción "y ya cumple parcialmente 16 de sus 19 recomendaciones, tres más que en su última revisión".

En un comunicado que recoge EFE, el ministerio que dirige Félix Bolaños destaca cómo el primer informe de la actual ronda de evaluación, iniciada en 2017, certificaba la mala situación en la que se encontraba España en la lucha contra la corrupción "tras dos legislaturas de inacción". Sin embargo -subraya-, desde ese primer informe, las evaluaciones realizadas por el Greco han mejorado "constantemente".

En este nuevo informe, indica Justicia, se reconocen los esfuerzos realizados durante el último año gracias a iniciativas como el Plan de Acción por la Democracia, el proyecto de ley que regula la actividad de los lobbies, o el anteproyecto de ley de administración abierta, que refuerza el cumplimiento en materia de transparencia e integridad institucional.

Según el Gobierno, el informe de este viernes se centra en la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad respecto de los miembros de los gobiernos centrales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En lo referido al primer bloque -explica Justicia- el Greco considera parcialmente cumplidas 8 de 10 recomendaciones. Valora positivamente avances como la aprobación del proyecto de ley de Transparencia e Integridad de los grupos de interés y celebra la futura limitación de las denominadas puertas giratorias para que los cargos públicos no puedan ejercer determinadas actividades privadas poco después de abandonar la política.

Asimismo, el informe valora positivamente los avances recogidos en el borrador del anteproyecto de ley de Administración Abierta y que el Plan de Acción por la Democracia prevea la aprobación de un real decreto que incluirá una estrategia global de integridad.

En cuanto a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el informe -detalla Justicia- "constata avances y da por parcialmente cumplidas 8 de sus 9 recomendaciones".