El PP de Soria ha cargado contra el equipo de Gobierno municipal por lo que considera una falta de control en los ingresos derivados de la tasa del 1,5 % que deben abonar las empresas de gas, luz, telefonía y otros servicios por el uso del dominio público para instalar sus infraestructuras. Los populares sostienen que el Ayuntamiento podría haber dejado de ingresar cantidades significativas en los últimos ejercicios.

La portavoz del grupo, Belén Izquierdo, reprocha al Gobierno municipal que haya tenido que recurrir a una empresa externa para revisar las liquidaciones de estas compañías. "Si todo se hubiera gestionado correctamente, esta auditoría no sería necesaria", afirmó, recordando que la firma contratada cobrará solo si afloran ingresos no declarados.

El PP alerta de que 2020 ya está prescrito y teme que pueda ocurrir lo mismo con 2021 si el Ayuntamiento no actúa con rapidez. Desde finales de 2023, los populares aseguran haber insistido en la necesidad de iniciar esta revisión. "Advertimos a tiempo y no se actuó", lamentó Izquierdo.

El concejal Saturnino de Gregorio subraya que son más de 60 empresas las afectadas por esta ordenanza y que una sola de ellas podría haber dejado de aportar hasta dos millones de euros en cuatro años. "Estamos perdiendo dinero por una mala gestión", denunció.

Tanto Izquierdo como De Gregorio señalan directamente al concejal de Hacienda, Javier Muñoz, al que consideran responsable político de la situación. El PP anuncia que pedirá explicaciones y no descarta solicitar su dimisión si la auditoría confirma un perjuicio económico para el Ayuntamiento. "La ciudad no puede permitirse esta falta de control", insisten.

Los populares enmarcan esta crítica en su propuesta de mejorar los ingresos existentes sin recurrir a subidas fiscales. "Mientras el equipo de Gobierno se centra en aumentar impuestos, nuestra prioridad es gestionar bien lo que ya está aprobado", concluyeron.