La Asociación Forestal de Soria (Asfoso) pidió una "profunda" reflexión sobre el Decreto-Ley 2/2025, aprobado el 23 de octubre, al considerar que sus medidas frente al riesgo de incendios resultan "lesivas" para los propietarios de montes en siete de sus ocho puntos. La entidad sostiene que la reforma traslada responsabilidades esenciales de la Junta de Castilla y León hacia titulares y ayuntamientos, lo que podría derivar en inseguridad jurídica y en un mayor abandono de montes, tanto públicos como privados.
Según explicó Asfoso, el Decreto-Ley introduce un cambio "tremendamente significativo" al imponer a los titulares de terrenos la obligación de mantener sus fincas en condiciones de seguridad frente al riesgo de incendios. Hasta ahora, si la administración definía medidas de prevención, los propietarios debían ejecutarlas o permitir que la propia Junta las realizara. Con la nueva fórmula, consideran que la carga es "desproporcionada", especialmente en un contexto de baja rentabilidad de los montes de Castilla y León.
La organización recordó que el 60 % del territorio soriano es monte, con más de 600.000 hectáreas forestales: un 68 % en manos privadas, un 27 % de entidades locales y un 5 % de administraciones estatal y autonómica. Asfoso advierte de que asumir nuevas responsabilidades tendría un "importante perjuicio económico" para la provincia y que muchos titulares no podrían afrontarlo, favoreciendo el abandono de explotaciones. En este sentido, señala que resultaría "inmoral" exigir nuevas obligaciones sin compensar previamente los servicios ambientales que generan estos montes.
La reforma también traslada parte del peso preventivo a los ayuntamientos, que deberían elaborar ordenanzas municipales de prevención de incendios y declarar la emergencia para ejecutar trabajos. Asfoso considera un "error" derivar estas funciones desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente hacia la administración local, especialmente en pequeños municipios sin capacidad técnica ni medios suficientes. A su juicio, este cambio sólo aumentaría la confusión y los errores de funcionamiento.
Para la asociación, el Decreto-Ley responde al intento de la administración de "eximirse" de obligaciones, desplazándolas hacia "la parte más débil" de la cadena de valor del sector forestal: propietarios y municipios.
Asfoso critica además que la nueva normativa ofrece una visión "excesivamente simplista" de un problema "muy complejo", sin tener en cuenta cuestiones clave como la titulación de la propiedad forestal, la recuperación de los montes de socios, el impacto del minifundismo, o el cierre de aserraderos y empresas forestales. Aunque valora el artículo 8, que plantea un plan de simplificación normativa, considera que los cambios de los siete primeros artículos dejan a los propietarios en una situación de "indefensión", motivo por el que solicita una reflexión profunda sobre el Decreto-Ley.
La entidad advierte, incluso, de un posible efecto contrario al que persigue la Junta: más abandono forestal. "La cuestión es quién va a querer ser alcalde de un municipio forestal, estar en la directiva de un monte de socios o recuperar las fincas de sus antepasados ante una reforma que carga de responsabilidades al eslabón más vulnerable del sector: propietarios y municipios", señaló Asfoso.
