La retirada de amianto continúa siendo una asignatura pendiente en la provincia de Soria, que se sitúa entre los territorios con menor volumen de inversión dentro del programa autonómico impulsado por la Junta de Castilla y León. Desde la puesta en marcha de estas ayudas, en 2022, Soria ha recibido 427.073,47 euros, una cifra muy alejada de las provincias más activas en la eliminación de este material peligroso.

En este contexto, la Junta abrirá el 14 de enero una nueva convocatoria de subvenciones destinada a la retirada segura del amianto aún presente en miles de edificaciones, que permitirá cubrir hasta el 85% de los costes. El objetivo es reducir los riesgos para la salud y evitar las retiradas clandestinas que se producen cuando los costes de una gestión profesional resultan inasumibles para pequeños propietarios, explotaciones agroganaderas o empresas de reducida dimensión, una realidad especialmente presente en el medio rural soriano.

La línea de ayudas mantiene el planteamiento de ejercicios anteriores y financiará, en régimen de concesión directa, la retirada y sustitución de cubiertas con amianto en centros de trabajo. Podrán solicitarlas personas físicas, empresas privadas, comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica, siempre que la retirada se realice mediante una empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA).

Las subvenciones contemplan hasta un 85% del coste de retirada, con un máximo de 10 euros por metro cuadrado y 30.000 euros por centro, así como hasta el 50% del coste de la nueva cubierta, con un límite de 40 euros por metro cuadrado y 20.000 euros por centro. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 13 de febrero.

Desde el punto de vista sanitario, la Junta insiste en que el peligro del amianto no reside en su mera presencia, sino en su manipulación. Cuando las placas de fibrocemento se deterioran o se rompen, liberan fibras microscópicas que pueden ser inhaladas y provocar enfermedades graves como asbestosis, mesotelioma o cáncer de pulmón.

A nivel autonómico, Castilla y León ha destinado más de 11 millones de euros a este fin desde 2022. Provincias como Salamanca, Burgos, Valladolid o Segovia concentran la mayor parte de la inversión, mientras que Soria, junto a Zamora y Ávila, se sitúa en la parte baja del ranking, lo que evidencia un amplio margen de actuación en la provincia.

La administración autonómica subraya que los estrictos protocolos exigidos por la normativa estatal, aunque imprescindibles para proteger la salud y el medio ambiente, encarecen notablemente las obras, lo que hace de estas ayudas un instrumento clave para facilitar la eliminación de un material prohibido en España desde 2002 pero todavía muy presente en naves agrícolas, tejados antiguos y construcciones rurales de la provincia de Soria.