La ciudad de Soria ha registrado 1.419 infracciones penales en los nueve primeros meses de 2025, frente a las 1.283 del mismo periodo del año anterior, lo que supone 136 más, un incremento que se concentra casi en su totalidad en los delitos cometidos por medios tecnológicos.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha señalado que estos datos confirman que Soria mantiene niveles de seguridad elevados, pese al aumento global vinculado a la expansión de la ciberdelincuencia. El balance ha sido analizado en la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno, a partir del informe presentado por la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

Latorre ha destacado que la Policía Nacional en Soria combina presencia en la calle, especialización tecnológica y mejora constante de la atención al ciudadano. "El Gobierno de España respalda ese esfuerzo con inversiones en medios, en digitalización y en servicios de documentación que acercan la Administración al territorio", ha señalado. Con esta estrategia, la Comisaría afronta los próximos meses con el objetivo de mantener el descenso de los delitos más graves y anticipar nuevas formas de delincuencia, especialmente en el entorno digital.

Según los datos del Ministerio del Interior, la cibercriminalidad alcanza los 456 hechos, frente a los 376 del año anterior, con un aumento del 21,3%. Estos 456 ciberdelitos representan ya el 32,1% del total de infracciones penales registradas en la capital, casi un tercio de toda la criminalidad.

Frente a este crecimiento en el ámbito digital, la criminalidad tradicional más grave presenta una evolución favorable. Los delitos graves y menos graves de lesiones y las riñas tumultuarias descienden un 39,5%, mientras que los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones se reducen un 17,5%. La Policía Nacional atribuye estos resultados al refuerzo de la presencia preventiva, a las investigaciones contra grupos reincidentes y a la colaboración ciudadana, que se mantiene en niveles elevados en Soria. "Los datos muestran una ciudad segura, con menos hechos violentos, aunque con un desafío creciente en el ámbito digital que exige más recursos y más formación", ha subrayado Latorre.

El inspector jefe y jefe provincial en funciones, Juan Desentre, ha explicado que el Cuerpo está adaptando su trabajo a este nuevo escenario. "La ciberdelincuencia ya forma parte de la vida cotidiana y afecta a personas de todas las edades. Nuestra prioridad es frenar las estafas y fraudes en Internet, aumentar el esclarecimiento y reforzar la prevención", ha señalado.

Para hacer frente a este fenómeno, la Policía Nacional está potenciando el Grupo de Delitos Tecnológicos, dotado de medios técnicos avanzados y de un programa de formación continua. El objetivo es mantener altos porcentajes de esclarecimiento y mejorar la atención a las víctimas, muchas de ellas personas mayores afectadas por estafas online, suplantaciones de identidad o fraudes bancarios.

De forma paralela, la Comisaría Provincial mantiene una intensa labor preventiva en zonas de ocio nocturno, áreas comerciales y entornos escolares, con patrullas uniformadas y de paisano, controles de seguridad y dispositivos especiales en fiestas, eventos culturales y deportivos. Esta estrategia se refuerza durante la campaña navideña con el Plan Comercio Seguro, activo entre el 1 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026, que incrementa la vigilancia en los horarios de mayor actividad comercial.

En el ámbito de gestión, la Subdelegación destaca avances como la consolidación del DNI Exprés, que permite renovar el documento sin cambio de datos en pocos minutos, y la ampliación a cuatro Puestos de Actualización de Documentación en la provincia, situados en Arcos de Jalón, El Burgo de Osma, Ólvega y Almazán. A ello se suma la implantación de la aplicación MIDNI, que permite llevar el DNI electrónico en el teléfono móvil de forma segura y legal.

La atención a las víctimas continúa siendo una prioridad, con especial sensibilidad hacia las mujeres víctimas de violencia de género o sexual y los menores, en coordinación con la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer y los recursos sociales y sanitarios de la provincia.