La intensa subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos siete años no ha tenido un efecto proporcional en el conjunto de los salarios. Así lo concluye la comisión asesora para el análisis del SMI en su último informe, que alerta de un fenómeno cada vez más visible: la acumulación de trabajadores en una franja salarial muy cercana al salario mínimo.

Desde 2018, el SMI ha aumentado un 60,9 %, pasando de 735,90 euros brutos mensuales a los 1.184 euros actuales. Sin embargo, este incremento no se ha trasladado con la misma intensidad al resto de la estructura salarial. El resultado es que el salario mínimo ha dejado de ser una referencia exclusiva para empleos sin cualificación o sin experiencia y se ha convertido en uno de los sueldos más habituales del mercado laboral.

Según el informe, este proceso ha generado una "estrecha banda salarial" alrededor del SMI, con el riesgo de que personas trabajadoras con trayectoria profesional o cualificación media queden atrapadas en ese mismo nivel retributivo. Aunque existe cierta subida en los salarios inmediatamente superiores, los expertos subrayan que ese efecto arrastre ha sido "limitado".

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) respaldan este diagnóstico. La última Encuesta de Estructura Salarial, correspondiente a 2023, muestra que el intervalo de 15.000 a 16.000 euros brutos anuales se ha convertido en el más frecuente, precisamente el entorno donde se situaba el SMI ese año, fijado en 15.120 euros brutos anuales.

En ese ejercicio, uno de cada cuatro asalariados declaró ingresos anuales de entre 14.000 y 20.000 euros, lo que refleja el desplazamiento de los salarios más bajos hacia el mínimo legal, sin que el resto de sueldos haya crecido al mismo ritmo.

La subida del SMI en 2026, en el aire

Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo mantiene abiertas las conversaciones con sindicatos y patronal para fijar el SMI de 2026. La recomendación de los expertos apunta a una subida del 3,1 %, lo que situaría el salario mínimo en 1.221 euros brutos mensuales, siempre que se mantenga exento de IRPF.

El objetivo del Gobierno es aprobar el nuevo SMI a finales de enero, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, mediante real decreto. Hacienda se ha mostrado dispuesta a mantener el mecanismo que evita que la mayoría de perceptores del SMI tributen, una cuestión clave para cerrar el acuerdo.

Posturas enfrentadas

El consenso, sin embargo, no está garantizado. La patronal CEOE-Cepyme propone una subida más moderada, del 1,5 %, hasta 1.202 euros, y con sujeción a impuestos. En el extremo opuesto, CCOO y UGT reclaman un incremento del 7,5 %, hasta 1.273 euros brutos mensuales.

Además, sobre la negociación planea la transposición de la directiva europea de salarios mínimos, que busca limitar la posibilidad de que las empresas compensen la subida del SMI mediante la absorción de complementos salariales. Una práctica que los sindicatos consideran opaca y que, según denuncian, impide que muchos trabajadores noten realmente el aumento del salario mínimo.

Con este escenario, el debate sobre el SMI no solo gira en torno a cuánto debe subir, sino también sobre cómo evitar que se convierta en un techo salarial en lugar de un suelo, uno de los grandes retos del mercado laboral español.