El Gobierno acaba de incorporar el monumento Crucero Baleares de Palma de Mallorca al catálogo de elementos franquistas y tiene previsto incluir más en una primera tanda para ordenar su retirada o resignificación, como el Arco de la Victoria de Madrid o la Pirámide de los italianos de Burgos.

La creación de un catálogo de símbolos y elementos franquistas está contemplada en la Ley de Memoria Democrática de 2022, pero el Gobierno ha empezado a trabajar hace poco en su elaboración y, teniendo en cuenta la reacción de algunas comunidades autónomas, se prevén conflictos entre administraciones.

El primer paso fue la constitución el pasado mes de diciembre de una comisión técnica encargada de emitir los informes sobre la incorporación de elementos al catálogo, que pueden ser desde edificaciones y placas hasta nombres de calles y localidades.

Y la semana pasada el Gobierno anunció el primer elemento incluido en el catálogo: el monumento a las víctimas del Crucero Baleares, en Palma de Mallorca, construido durante la dictadura en homenaje a los combatientes del bando franquista que murieron en 1938 tras el ataque de una flota republicana.

Monumentos y pueblos de nombre franquista

Fuentes del Gobierno han adelantado a EFE más de una decena de elementos que integrarán el catálogo en una primera tanda, como el Arco de la Victoria, en Madrid; la Pirámide de los italianos, en la provincia de Burgos; o el panteón funerario en Carcaixent (Valencia) dedicado a Vjekoslav Luburic, que dirigió el campo de concentración de Jasenovac (Croacia) y se exilió en la España franquista.

También estarán la Columna Sagardía en Cilleruelo de Bricia (Burgos); el monumento en Majadahonda (Madrid) dedicado a los rumanos Ion Mota y Vasile Marin, que lucharon durante la guerra civil en el bando franquista; el monumento a Francisco Franco en Santa Cruz de Tenerife; el monumento a Emilio Mola en Alcocero de Mola (Burgos); y seis pueblos de nombre franquista, entre ellos este último.

Los otros cinco son Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).

De todos ellos, Alcocero de Mola acaba de iniciar los trámites para perder su apellido, 90 años después de que Franco se lo pusiera en homenaje al militar Emilio Mola, fallecido en un accidente de aviación.

Retirada o resignificación

La Ley de Memoria Democrática obliga a retirar los elementos franquistas incluidos en el catálogo excepto aquellos con aspectos artísticos o arquitectónicos blindados legalmente, como una declaración de bien de interés cultural (BIC).

En estos casos, podrán permanecer en sus respectivos lugares pero deberán ser resignificados o reinterpretados, por ejemplo con una placa explicativa, y es aquí donde han empezado a atisbarse conflictos ante la respuesta de algunas comunidades autónomas.

En el caso del Crucero Baleares, incorporado ya al catálogo, el Gobierno ordenó al Ayuntamiento de Palma de Mallorca su retirada poco antes de que PP y Vox aprobaran en el pleno municipal la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para proteger el obelisco como bien catalogado.

Por su parte, la Consejería de Cultura de Castilla y León ha declarado BIC la Pirámide de los italianos, un mausoleo de 1939 con forma de pirámide dedicado a los 384 militares italianos que murieron en Santander durante la guerra civil.

En cambio, esta misma consejería ha rechazado dedicar esta protección a la Columna Sagardía, una estructura de hormigón y mármol con forma de águila en recuerdo al general Antonio Sagardía Ramos y a las tropas dirigidas por él en la zona durante la guerra civil. No obstante, y ante la previsión de que el monumento sea incluido en el catálogo, la Consejería ha pedido una protección integral para mantenerlo.

Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que el Arco de la Victoria, erigido en la capital entre 1950 y 1955 para rememorar el triunfo de Franco en la guerra civil, forma parte de un conjunto declarado BIC y no se puede demoler.

¿Cómo se gestiona el catálogo?

El Gobierno puede proponer incluir un elemento al catálogo por iniciativa propia o tras las peticiones recibidas por comunidades autónomas, ayuntamientos, asociaciones o particulares, incluyendo una descripción física, una fotografía, su ubicación exacta y los motivos por los que se considera contrario a la memoria democrática.

Toda la documentación es remitida a la comisión técnica designada por el Gobierno para la elaboración del catálogo.

Este órgano es el encargado de emitir un informe para determinar la inclusión o no de un elemento en el catálogo y, en función de cada caso, reinterpretarlo o retirarlo, con la posibilidad de conservarlo en un depósito.

La decisión de la comisión es de carácter vinculante, aunque existe la posibilidad de presentar alegaciones durante el proceso