Las asociaciones ASDEN-Ecologistas en Acción, Amigos del Museo Numantino, Hacendera y Soria por el Futuro han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) relacionada con la modificación puntual número 27 del PGOU de Soria, conocida como MP27, que plantea la urbanización del Cerro de los Moros.

El proyecto contempla la construcción de 40 bloques de seis plantas, con un total de 1.304 viviendas, además de equipamientos asociados en una superficie de 28.000 metros cuadrados. Las asociaciones consideran que la propuesta tendría un "impacto paisajístico muy relevante" sobre este enclave de la capital soriana.

La sentencia del TSJCyL, fechada el pasado 10 de abril, obliga al Ayuntamiento de Soria a resolver sobre la aprobación provisional de la modificación urbanística. Sin embargo, los colectivos sostienen que actualmente la propuesta "carece de viabilidad jurídica" y defienden que el Consistorio únicamente puede optar entre archivarla o denegarla.

Las asociaciones mostraron además su preocupación tras las declaraciones realizadas en medios de comunicación por el concejal de Urbanismo, Luis Rey, y por la empresa Promotora Pilares del Arlanzón, en las que aseguraban que el desarrollo urbanístico previsto no afectaría al paisaje del Cerro de los Moros.

Ante esta situación, los colectivos anunciaron varias iniciativas, entre ellas la presentación del recurso ante el Supremo, la solicitud de convocatoria urgente del Consejo Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente, registrada el pasado 11 de mayo, y la petición de una reunión con el alcalde de Soria, Javier Antón.

Entre los argumentos expuestos por las asociaciones figura que la actuación prevista supondría una población equivalente a la de municipios como Ólvega, además de los equipamientos necesarios para atender a esos residentes, todo ello ubicado en el propio Cerro de los Moros.

También sostienen que el Informe Ambiental Estratégico citado en la sentencia habría caducado en agosto de 2024, por lo que consideran que la propuesta no dispone actualmente de un informe ambiental vigente.

Otro de los aspectos señalados es la existencia de 373 alegaciones presentadas durante el periodo de información pública de la MP27, que, según denuncian, continúan sin resolverse pese a haber expirado el plazo legal para hacerlo en marzo de 2023.

Asimismo, las asociaciones rechazan la posibilidad de una indemnización millonaria al promotor en caso de denegación del proyecto. Según sostienen, el promotor "no ha consolidado derecho alguno" al haber vencido hace años los plazos y obligaciones fijados en el PGOU.

Los colectivos concluyen que, a su juicio, el Ayuntamiento podría haber denegado la aprobación de la modificación urbanística desde agosto de 2024 sin riesgo económico para las arcas municipales. Además, consideran que la falta de un nuevo informe ambiental y la ausencia de resolución de las alegaciones impiden actualmente la aprobación de la MP27.