El Partido Animalista PACMA anunció que recurrirá la declaración del Toro Jubilo de Medinaceli como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, aprobada este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. La formación sostiene que el procedimiento se ha impulsado mientras continúa abierto un litigio judicial relacionado con la legalidad del festejo.

PACMA recordó que fue reconocido por la propia Junta como parte interesada en el expediente de declaración y aseguró que la decisión no le sorprende, aunque sí el momento elegido para adoptarla. Según la organización, la Administración autonómica conoce la existencia de un procedimiento contencioso-administrativo vinculado al Toro Jubilo y considera que la declaración como BIC se produce en paralelo a ese proceso.

La formación animalista argumentó que el festejo ya fue objeto de una sentencia judicial que cuestionó su encaje legal, aunque posteriormente la resolución fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por cuestiones procesales. PACMA sostiene que el recurso actualmente en tramitación se dirige contra la autorización administrativa del festejo y que continuará adelante pese a la nueva declaración patrimonial.

Críticas al procedimiento

Desde el Partido Animalista también cuestionaron que durante más de dos décadas, desde que el Toro Jubilo fue declarado espectáculo taurino tradicional en 2002, no se promoviera su reconocimiento como BIC. A su juicio, la iniciativa impulsada el pasado año responde a una estrategia para reforzar la posición jurídica del festejo frente a las acciones judiciales emprendidas por la organización.

PACMA mostró además su desacuerdo con la documentación incorporada al expediente y con algunos de los informes técnicos utilizados para justificar la declaración patrimonial. La formación considera que existen dudas sobre determinados aspectos históricos y jurídicos recogidos en el procedimiento.

Por ello, anunció que recurrirá la declaración de Bien de Interés Cultural y defenderá ante los tribunales que, a su juicio, el festejo no reúne los requisitos necesarios para obtener dicha protección.