El Supremo cierra la vía judicial sobre el Toro Jubilo de Medinaceli de 2023

El Alto Tribunal inadmite el recurso de PACMA y deja firme la sentencia que consideró inimpugnable el acuerdo municipal para solicitar la autorización del festejo

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El Supremo cierra la vía judicial sobre el Toro Jubilo de Medinaceli de 2023
Foto de archivo del Toro Jubilo de Medinaceli. (Foto: Ical)
El autor esLuis Romera Calvo
Luis Romera Calvo
Lectura estimada: 2 min.

El Tribunal Supremo ha puesto fin de forma definitiva al procedimiento judicial sobre la autorización administrativa del Toro Jubilo de Medinaceli celebrado en 2023 al inadmitir el recurso de casación presentado por PACMA contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). La providencia, dictada el pasado 20 de julio y contra la que no cabe recurso, confirma la resolución del tribunal autonómico y cierra la vía judicial abierta en torno a este procedimiento.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, el Alto Tribunal considera que el recurso no reúne los requisitos necesarios para su admisión, al no acreditar la existencia de un interés casacional objetivo que justifique la creación de jurisprudencia. Además, entiende que las cuestiones planteadas se limitan a las circunstancias concretas del litigio y carecen de la trascendencia general exigida para un recurso de casación.

Con esta decisión queda firme la sentencia dictada por el TSJ de Castilla y León el 31 de enero de 2025, que estimó el recurso de apelación presentado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Medinaceli. En aquella resolución, la Sala declaró inadmisible la impugnación del acuerdo del Pleno municipal por el que se solicitaba la autorización del festejo, al considerar que se trataba de un acto de trámite que no podía ser recurrido de forma independiente.

La providencia del Tribunal Supremo pone así fin al procedimiento relativo a la autorización administrativa del Toro Jubilo de 2023 y condena a PACMA al pago de 2.000 euros en concepto de costas procesales.

Tras conocerse la resolución, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, valoró el fallo como un respaldo al trabajo desarrollado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad. El responsable autonómico destacó "el rigor y la solvencia técnica" de su actuación en defensa de la Administración y aseguró que sus argumentos han quedado "plenamente respaldados" en las distintas instancias judiciales hasta alcanzar la firmeza de la resolución del Tribunal Supremo.

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