El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Soria ha presentado alegaciones contra la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y ha solicitado su retirada. La formación considera que el expediente no incluye la motivación técnica necesaria ni informes suficientes sobre las consecuencias económicas y el tratamiento de los datos obtenidos mediante cámaras.

Vox ha anunciado que las alegaciones representan el primer paso de su estrategia contra la implantación de la ZBE de Soria. Según el partido, la medida responde al interés del Ayuntamiento por acceder a fondos europeos y no a una necesidad ambiental acreditada en la ciudad.

El portavoz municipal, Fernando Castillo, ha afirmado que el expediente no incorpora informes técnicos o ambientales que demuestren que Soria supera los límites de contaminación establecidos en el Real Decreto 102/2011. A su juicio, esa circunstancia sería necesaria para justificar la introducción de restricciones al tráfico.

El grupo también ha reclamado un estudio sobre el impacto económico y social de la ordenanza. Castillo sostiene que las limitaciones podrían perjudicar especialmente a autónomos, comerciantes y familias con menos recursos, aunque las posibles consecuencias todavía no habrían sido evaluadas.

Vox ha recordado que la Ley 7/2021 de Cambio Climático obliga a establecer zonas de bajas emisiones en los municipios con más de 50.000 habitantes. La formación argumenta que, al encontrarse Soria por debajo de esa cifra, las restricciones únicamente estarían justificadas si existieran niveles de contaminación que exigieran su aplicación.

Según Castillo, la propia ordenanza señala que la calidad del aire de Soria permanece generalmente "dentro de los estándares legales". El portavoz considera que este reconocimiento contradice la necesidad de limitar de manera permanente la circulación de vehículos.

Otra de las alegaciones cuestiona el sistema de cámaras previsto para controlar los accesos. Vox sostiene que faltan informes específicos sobre sus implicaciones y sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos.

Como alternativa a la retirada completa de la ordenanza, el grupo municipal plantea que las restricciones solamente puedan activarse durante episodios de contaminación acreditados técnicamente. También reclama que se garantice el acceso a residentes y profesionales.

Vox ha avanzado que, si el Ayuntamiento de Soria rechaza sus alegaciones, estudiará impugnar la ordenanza ante los tribunales. La formación considera que el texto podría ser "nulo de pleno derecho" por falta de motivación, una valoración que correspondería resolver, en su caso, a la justicia.