FOES ha presentado alegaciones contra la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Soria, aprobada inicialmente por el Pleno municipal el pasado 19 de junio, y ha solicitado al Ayuntamiento de Soria que retire el texto y archive el expediente.

La organización empresarial considera que la ciudad no necesita una ZBE permanente y sostiene que tampoco está obligada legalmente a implantarla. Si el Consistorio mantiene la tramitación, reclama que las restricciones se activen únicamente de manera excepcional y temporal ante episodios acreditados de contaminación.

FOES fundamenta su posición en que la Ley 7/2021 establece esta obligación para los municipios de más de 50.000 habitantes, mientras que Soria tenía 41.025 vecinos según el censo de 2025. También señala que el propio expediente municipal reconoce la buena calidad del aire y que durante doce años consecutivos no se han superado los límites de protección de la salud fijados por la Unión Europea.

A juicio de la patronal, una medida que puede limitar la circulación y afectar a la libertad de empresa, la intimidad o la igualdad requiere una justificación especialmente rigurosa. Sin embargo, sostiene que ni la ordenanza ni el informe económico incorporan argumentos técnicos y jurídicos suficientes para demostrar su necesidad y proporcionalidad.

Las alegaciones cuestionan la ausencia de un análisis detallado sobre los costes y beneficios de la ZBE, sus efectos sobre la movilidad y las consecuencias para las empresas situadas en el área afectada. FOES también echa en falta un sistema objetivo de evaluación periódica que permita comprobar la eficacia de las restricciones y justificar su continuidad.

La Federación reclama que, antes de limitar el acceso de particulares y empresas, el Ayuntamiento estudie otras actuaciones bajo su responsabilidad. Entre ellas cita la renovación de la flota municipal y de los servicios concesionados, la ampliación de los puntos públicos de recarga y el refuerzo del transporte colectivo.

También advierte de que el expediente no analiza si el transporte público urbano e interurbano dispone de capacidad suficiente para asumir los desplazamientos que podrían dejar de realizarse en vehículos privados. FOES considera que esta cuestión resulta especialmente importante en una provincia donde la capital concentra buena parte de los servicios administrativos, sanitarios, comerciales y económicos y existe una elevada dependencia del vehículo particular.

La patronal alerta de las posibles consecuencias para el comercio, la hostelería, el turismo, la distribución, las empresas de servicios, los autónomos y las pymes. Las restricciones podrían generar mayores cargas administrativas, incrementar los costes operativos, provocar retrasos o forzar la renovación de vehículos profesionales.

FOES sostiene que el estudio económico no cuantifica cómo afectará la ordenanza a los hábitos de consumo, la actividad de los establecimientos o los costes de distribución. Tampoco compara sus efectos con los de otras alternativas menos restrictivas.

En materia de carga y descarga, la organización empresarial pide que su regulación quede completamente separada de la ZBE. Argumenta que las restricciones ambientales y la ordenación de la distribución urbana de mercancías responden a objetivos diferentes y advierte de que su vinculación puede provocar incertidumbre y nuevas dificultades para el abastecimiento de los negocios.

Las alegaciones incluyen además varios reparos jurídicos. FOES cuestiona que las cámaras de control puedan utilizarse para vigilar o sancionar infracciones ajenas a la finalidad ambiental de la ZBE y rechaza que los anexos de la ordenanza puedan modificarse mediante un decreto de Alcaldía por afectar, según considera, a elementos esenciales de la regulación.

La Federación también critica que las autorizaciones de acceso deban solicitarse exclusivamente por medios electrónicos sin garantizar que todas las personas afectadas dispongan de los recursos necesarios para completar los trámites.

FOES recuerda los antecedentes judiciales relacionados con las ZBE de Segovia, Valladolid, Badajoz y Madrid. La patronal considera que algunos de los defectos señalados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2024, como la insuficiencia del estudio económico y la falta de valoración de alternativas menos restrictivas, pueden trasladarse al expediente soriano.

Por todo ello, la organización solicita la retirada de la ordenanza. Si el Ayuntamiento continúa adelante, pide que la ZBE se limite a situaciones puntuales de contaminación, garantice la actividad económica y permita la prestación de los servicios esenciales. FOES se reserva la posibilidad de adoptar acciones legales si el texto definitivo no corrige las deficiencias expuestas.