El futuro del Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán seguirá dependiendo de sus actuales propietarios. La Junta de Castilla y León ha descartado comprar el inmueble después del derrumbe de parte de su fachada y ha insistido en que corresponde a sus titulares cumplir con las obligaciones de conservación.

La postura fue expuesta este jueves, 10 de septiembre, por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico, durante un debate en las Cortes autonómicas con los procuradores Esther Pérez, del PSOE, y José Ángel Ceña, de Soria Ya.

Díaz Pico aseguró que la Administración autonómica está dispuesta a colaborar en la recuperación del edificio, pero estableció tres condiciones para avanzar: que los propietarios asuman sus responsabilidades, que exista cooperación entre las administraciones y que se presente un proyecto de restauración viable.

"Si se quiere salvar el Palacio tenemos que hacer tres cosas: que los propietarios cumplan, que las administraciones cooperen y que haya un proyecto serio de restauración. Ahí va a estar la Junta", resumió el consejero.

Entre los propietarios del inmueble se encuentra el Ayuntamiento de Almazán, gobernado por el PSOE. Según explicó Díaz Pico, los titulares rechazaron encargar estudios sobre el estado del edificio debido a su elevado coste, pese a que la Junta les remitió comunicaciones para recordarles sus obligaciones.

La respuesta no convenció a la procuradora socialista Esther Pérez, quien reclamó al Ejecutivo autonómico que ejerza su labor de tutela sobre el patrimonio y no se limite a prestar asesoramiento. Pérez también destacó los 10,8 millones de euros destinados por el Gobierno de España a diferentes municipios de la provincia para actuaciones patrimoniales, entre ellos Almazán.

Desde Soria Ya, José Ángel Ceña acusó a la Junta de "incompetencia" y señaló que el palacio había resistido cinco siglos de guerras e inclemencias antes de derrumbarse mientras el Gobierno autonómico, ironizó, "estaba vigilando". El procurador defendió la aspiración de los vecinos de Almazán de convertir el inmueble en patrimonio público, conservar su artesonado y dotarlo de un uso que garantice su futuro.

El edificio sufrió su primer desprendimiento en agosto de 2024. La situación se agravó el pasado 1 de septiembre, cuando la caída de parte de la fachada norte provocó la pérdida de cinco arcos y daños en el artesonado.