Saber qué zonas de Soria concentran más intervenciones policiales, en qué horarios se producen y qué tipo de delitos se registran en cada punto de la ciudad. Esa es una de las principales reclamaciones que ha puesto sobre la mesa el PP al abordar la situación de la seguridad en la capital.

El senador y concejal Javier Jiménez Santamaría considera insuficiente disponer únicamente de las cifras globales de criminalidad y reclama a la Subdelegación del Gobierno información que permita elaborar lo que define como un mapa más preciso de la delincuencia. Su objetivo, sostiene, sería determinar dónde hacen falta refuerzos y orientar las medidas policiales hacia los puntos con más incidencias.

La petición llega después de conocerse el balance correspondiente al primer semestre de 2026. En Soria capital, las infracciones penales bajaron un 3,2%, al pasar de 937 a 907 respecto al mismo periodo del año anterior. El Ministerio del Interior incluye el balance del segundo trimestre de 2026 entre sus estadísticas oficiales de criminalidad.

El PP no discute ese descenso general, pero pone el acento en determinadas categorías cuya evolución considera preocupante. Según las cifras manejadas por la formación, los delitos contra la libertad sexual pasaron de seis a once, los hurtos crecieron de 134 a 157 y los robos con violencia o intimidación aumentaron un 60%.

Santamaría utiliza esta evolución para cuestionar que el balance global sea suficiente para describir la situación de la seguridad. A su juicio, el descenso del conjunto de las infracciones convive con aumentos que deberían analizarse de manera diferenciada.

También reclama que se recupere información más detallada sobre las personas implicadas en hechos delictivos y ha dirigido buena parte de sus críticas al subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, al que acusa de falta de transparencia. El representante popular sostiene que una mayor publicación de datos ayudaría a evitar interpretaciones basadas únicamente en sucesos aislados o informaciones aparecidas en los medios.

La discusión sobre seguridad se traslada igualmente al ámbito municipal. El PP cifra en más de cuarenta las vacantes existentes en la Policía Local y considera que los procesos previstos para incorporar nuevos agentes no resolverán el problema a corto plazo.

Santamaría atribuye esa situación a una planificación de personal que, según su valoración, no habría anticipado suficientemente las jubilaciones ni la evolución de las necesidades de una ciudad que ha incorporado nuevos barrios, infraestructuras y servicios.

Dentro de esa reclamación de una mayor presencia policial, el PP identifica varios espacios sobre los que considera necesario prestar especial atención. Uno de ellos es el entorno de Rota de Calatañazor, donde relaciona parte de las demandas vecinales con las noches de ocio, la suciedad y distintos problemas de convivencia.

La formación recupera para esta zona propuestas planteadas anteriormente, como una mayor presencia policial, cámaras de videovigilancia o servicios de taxi a demanda subvencionados.

A estas preocupaciones añade el Calaverón, el polígono de Las Casas y el parque de Santa Clara. Santamaría asegura que en estos lugares se han producido episodios de robos, daños en vehículos, incendios de contenedores y otras incidencias. Se trata de afirmaciones realizadas por el PP en su valoración política; no se han aportado en la comparecencia datos estadísticos desglosados por barrios que permitan cuantificar esas situaciones.

La seguridad vuelve a enlazar, finalmente, con otro debate abierto en la capital: la futura puesta en servicio del Centro de Acogida y Protección Internacional de Los Royales.

Los populares quieren conocer con antelación si su apertura implicará más efectivos de Policía Nacional o Policía Local, presencia preventiva en el barrio, algún protocolo específico o una evaluación previa de las necesidades de seguridad.

La preocupación por este centro no es nueva dentro del PP soriano. La formación ya hizo pública el 11 de septiembre su posición sobre Los Royales y la posible llegada de migrantes procedentes de Ceuta.

Santamaría reclama además información sobre la procedencia y el perfil de los futuros residentes y mantiene las objeciones de su partido respecto a la capacidad de las instalaciones. El PP sostiene que existe una discrepancia sobre la aplicación de la normativa autonómica y cuestiona que el proyecto pueda albergar hasta 203 personas frente al límite que la formación sitúa en 120 para este tipo de recursos.

Más allá de cada uno de estos frentes, el planteamiento del PP concentra sus reivindicaciones en dos cuestiones: más información sobre dónde se producen los delitos y una planificación de los efectivos policiales que, a su juicio, permita anticiparse a las necesidades de la ciudad.