El Ayuntamiento de Almazán quiere hacerse con la propiedad del Palacio de los Hurtado de Mendoza una vez que quede garantizada su consolidación. El objetivo es que el conjunto pase a ser de titularidad pública y pueda acceder posteriormente a nuevas líneas de financiación para afrontar su recuperación integral.

El alcalde, Jesús Cedazo, confía en alcanzar acuerdos con los propietarios privados sin necesidad de recurrir a la expropiación, una posibilidad que el Consistorio mantiene únicamente como último recurso.

El planteamiento municipal se produce después del inicio esta semana de las obras de emergencia impulsadas por la Junta de Castilla y León, que han comenzado con el acopio de material auxiliar y puntales para asegurar los forjados de la galería de los arcos tras los dos derrumbes registrados este mes.

Los trabajos se desarrollarán de abajo hacia arriba, comenzando por el semisótano y continuando por las plantas baja y primera, con el objetivo inmediato de garantizar la estabilidad del inmueble y evitar nuevos desprendimientos.

Cedazo explicó que, una vez encarrilada esta intervención, el Ayuntamiento pretende que la Junta acometa también las primeras obras de consolidación de la zona dañada.

"Lo que pedimos es que las obras iniciales de consolidación de esa parte del edificio las ejecute la Junta de Castilla y León", señaló el alcalde.

A partir de ahí, el Consistorio asumiría el siguiente paso: avanzar en la adquisición o cesión de las distintas propiedades privadas hasta conseguir que la totalidad del Palacio pase a manos públicas.

"El Ayuntamiento se compromete a la adquisición del edificio para, una vez consolidado y ya siendo de titularidad pública todo, poder utilizar otras herramientas como el dos por ciento Cultural", explicó Cedazo.

El alcalde recordó que esta línea de financiación ya ha sido utilizada anteriormente en actuaciones sobre la muralla de Almazán.

El Ayuntamiento solo posee el 2,7%

La operación no será sencilla. El Ayuntamiento de Almazán posee actualmente apenas el 2,7% del Palacio, mientras que el resto está repartido entre diferentes propietarios y sometido a situaciones jurídicas muy distintas.

Una de las propietarias concentra aproximadamente la mitad del inmueble y, según Cedazo, ha mantenido correctamente consolidada su parte. En otras zonas existen situaciones más complejas, incluida una herencia todavía sin resolver.

El alcalde asegura, no obstante, que mantiene un contacto prácticamente diario con los titulares de las zonas afectadas por los derrumbes y que percibe una actitud favorable para alcanzar un acuerdo.

"Están, yo creo, en una posición bastante favorable a desprenderse de la propiedad", afirmó, aludiendo especialmente a la situación de las áreas más deterioradas.

La expropiación, solo si no hay acuerdo

Cedazo considera que la vía negociada sería más rápida y eficaz que iniciar un procedimiento de expropiación, especialmente por la diversidad de situaciones jurídicas existentes.

Aun así, reconoció que tanto la Junta como el Ayuntamiento disponen de esa herramienta si finalmente alguno de los propietarios bloqueara la operación.

"En el caso de que parte de la propiedad se enrocara y no quisiese una solución fácil y rápida para que fuese un edificio público, existe esa herramienta y lógicamente se podría utilizar", señaló.

El regidor calificó de "entendible" que parte de la ciudadanía reclame directamente la expropiación ante el deterioro sufrido por algunas zonas del inmueble, aunque insistió en que la situación de cada propietario presenta diferentes matices.

Sin una cifra para la rehabilitación

La conversión del Palacio en un bien completamente público permitiría abrir una nueva etapa destinada a buscar financiación para su rehabilitación.

Por el momento, no existe una estimación del coste total que tendría recuperar el conjunto. El Ayuntamiento sí encargó hace aproximadamente un año una valoración para calcular cuánto podría costar adquirir las propiedades privadas y contar así con una referencia objetiva en las negociaciones.

La prioridad, según Cedazo, pasa ahora por asegurar el edificio y evitar que continúe deteriorándose.

Una zona con problemas desde 2012

Los problemas en la parte más dañada del Palacio se remontan al menos a 2012, cuando ya se produjo otro derrumbe cuyos restos llegaron hasta la carretera autonómica CL-116.

El Ayuntamiento dictó entonces una orden de ejecución y posteriormente informó a la Comisión Territorial de Patrimonio.

Cedazo recordó que hace dos años se tramitó una orden de ejecución y un expediente de ruina parcial inminente, a la espera de las autorizaciones necesarias para intervenir en la zona. Durante 2026 se tramitaron además otros dos expedientes de ruina parcial.

El Palacio, declarado Bien de Interés Cultural en 1991, sufrió a comienzos de este mes un derrumbe de gran magnitud y posteriormente un segundo desplome, lo que llevó finalmente a la Junta a iniciar la intervención de emergencia.

El alcalde aseguró que el primer derrumbe de septiembre fue "bastante mayor, muy superior" al registrado en 2012. Desde entonces permanecen cortados el tráfico y los accesos peatonales en el entorno afectado.

"La prioridad es salvar el edificio porque es un Bien de Interés Cultural", concluyó Cedazo, situando la futura titularidad pública como la vía para abordar después su recuperación definitiva.