El Ayuntamiento de Soria será incluido en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras del Procurador del Común de Castilla y León después de no responder a una resolución relacionada con la regulación de la Policía Local. La institución autonómica ha comunicado el archivo del expediente 583/2025 tras cinco meses de espera y varios requerimientos sin obtener una contestación municipal, una situación que ha provocado las críticas de la sección sindical de USO, que denuncia la falta de avances para sustituir el reglamento del cuerpo policial, vigente desde 1954.

La decisión figura en una comunicación oficial fechada el 22 de octubre de 2026 y firmada por la adjunta al Procurador del Común, Alicia Carpintero Suárez. En ella se recuerda que la institución dirigió una resolución al Ayuntamiento el pasado 5 de mayo y que, pese a haber solicitado en distintas ocasiones conocer la postura municipal, no recibió respuesta. Ante esta circunstancia, el Procurador del Común ha decidido cerrar el expediente y trasladar al Consistorio su malestar por la ausencia de contestación. Además, ha anunciado que hará constar esta falta de colaboración tanto en el registro correspondiente como en el informe anual que presenta a las Cortes de Castilla y León.

El origen de la controversia se encuentra en la actualización del reglamento de la Policía Local de Soria. Según recuerda USO, el cuerpo continúa sujeto a una normativa aprobada en 1954, cuya sustitución lleva años pendiente. El sindicato señala que el Procurador del Común ya había instado al Ayuntamiento, mediante una resolución de enero de 2023, a iniciar los trámites para aprobar un nuevo reglamento, una recomendación que el Consistorio aceptó formalmente en marzo de aquel año. Sin embargo, la organización sindical sostiene que el proceso no ha avanzado y cuestiona las explicaciones municipales relacionadas con dificultades técnicas y con la tramitación de normativa autonómica.

La sección sindical asegura que el pasado 25 de marzo de 2026 volvió a solicitar la convocatoria urgente de la mesa de negociación para abordar la nueva regulación, sin obtener los resultados esperados. USO considera que esta situación perjudica las condiciones laborales de los agentes y genera incertidumbre sobre el marco normativo aplicable al servicio. Por ello, acusa al equipo de gobierno municipal de falta de diálogo con la representación de los trabajadores y reclama que se retomen las negociaciones para adaptar el reglamento a la legislación vigente.

Entre sus principales reivindicaciones, USO exige la convocatoria inmediata de la Mesa de Negociación para redactar y aprobar el nuevo reglamento de la Policía Local, así como un mayor respeto a los mecanismos de representación sindical y al intercambio de información con los empleados municipales. La organización también reclama que el Ayuntamiento atienda los requerimientos de las instituciones de control y advierte de las consecuencias que, a su juicio, tiene esta situación para el funcionamiento del servicio y los derechos profesionales de la plantilla.

La comunicación del Procurador del Común confirma la falta de respuesta municipal y el archivo del expediente por ese motivo, mientras que las acusaciones sobre la política de personal y la negociación colectiva corresponden a la valoración realizada por USO. El documento oficial no supone un pronunciamiento judicial sobre esas denuncias, aunque sí deja constancia de que la institución autonómica no ha podido conocer la posición del Ayuntamiento ante la resolución que le había dirigido.