La Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Asden-Ecologistas en Acción) ha presentado alegaciones contra el expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por los vertidos de la depuradora de San Pedro Manrique al río Linares. La organización denuncia que la valoración de los daños asciende a solo 550,80 euros, según sus cálculos a partir de la fórmula recogida en el procedimiento, una cantidad que considera insuficiente ante los episodios de contaminación denunciados durante más de un año.

El colectivo cuestiona tanto la investigación realizada por el organismo de cuenca como la tramitación del expediente 2025-D-440, especialmente la calificación de la infracción como leve y la falta de información sobre la cuantía final de la sanción y la identidad del titular de la instalación. Según Asden, la CHE inició el procedimiento con más de un año de retraso respecto a los vertidos detectados en el verano de 2025, después de que los ecologistas denunciaran nuevos episodios en agosto de 2026.

La asociación también critica la ausencia de actuaciones de oficio por parte de la Confederación, la Junta de Castilla y León y la Guardia Civil, así como la falta de intervención de los agentes fluviales reflejada en la documentación. "Si no es por los ecologistas, estos vertidos como otros muchos episodios habrían pasado inadvertidos para las administraciones", sostiene.

Una investigación basada en una muestra puntual

Entre las principales deficiencias denunciadas figura la decisión de agrupar los episodios de los veranos de 2025 y 2026 en un único expediente cuya investigación, según Asden, se sustenta en una muestra tomada en septiembre de 2025. Los resultados de ese análisis reflejaron que los sólidos en suspensión y la demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅) triplicaron los límites autorizados, mientras que la demanda química de oxígeno (DQO) superó ampliamente los valores permitidos.

A estos datos se suman los registros correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2024 y marzo de 2025, durante el cual los caudales diarios vertidos llegaron a multiplicar por seis el máximo autorizado. La organización reprocha a la CHE que no haya exigido responsabilidades por estos incumplimientos ni por la falta de remisión de los controles correspondientes al funcionamiento de la depuradora.

Otra de las cuestiones centrales es la valoración económica de los daños. Asden explica que los 550,80 euros proceden de aplicar la fórmula reglamentaria incorporada al expediente, ya que la cantidad aparece oculta en la documentación facilitada. A su juicio, ese importe únicamente contemplaría los efectos de una jornada de vertidos, sin tener en cuenta la duración de los episodios denunciados. La asociación precisa, además, que esta valoración no debe confundirse con el importe de la sanción administrativa, cuya cuantía definitiva desconoce.

Críticas a la falta de transparencia

Los ecologistas también cuestionan que el expediente oculte la identidad del titular de la instalación, una decisión frente a la que ya habían presentado alegaciones al considerar que carece de justificación legal. En este contexto, advierten de que las deficiencias detectadas en la instrucción y tramitación del procedimiento podrían constituir causas de anulabilidad.

Para Asden, la ausencia de una investigación que abarque todos los episodios denunciados, la falta de consideración de los antecedentes de 2024 y las irregularidades administrativas señaladas comprometen la aplicación efectiva del principio de "quien contamina paga". La organización extiende sus críticas a la vigilancia ambiental de otros puntos de la cuenca del Ebro, entre ellos el río y el embalse del Val, en el entorno del Moncayo.