El Movimiento Vecinal del Mirón ha denunciado la entrada recurrente de malos olores y gases en viviendas del barrio, que atribuye al saneamiento vinculado al Centro Penitenciario de Soria, así como la llegada de humos y cenizas procedentes de una central de biomasa. El colectivo reclama inspecciones urgentes y acusa a las administraciones de no ofrecer soluciones a unos problemas que, según sostiene, afectan a la salud y la calidad de vida de los residentes.

Los vecinos dirigen sus críticas al Ayuntamiento de Soria, la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Castilla y León, a las que reprochan que se remitan unas a otras la responsabilidad de actuar. También consideran contradictorio que el Consistorio impulse la Zona de Bajas Emisiones mientras, según denuncian, persisten estos problemas ambientales en el barrio.

Uno de los principales motivos de queja es el alcantarillado. El movimiento vecinal asegura que los gases y olores llegan al interior de las casas por lo que considera una evacuación inadecuada de las aguas residuales de la prisión. Para respaldar su denuncia, se remite a un informe municipal de febrero de 2008 que, según explica, advertía de que la red no estaba preparada para asumir ese vertido y recomendaba una depuradora independiente.

El colectivo también cita otro informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, de mayo de ese año, que, según su exposición, contemplaba el río Duero como destino para las aguas previamente depuradas, evitando sobrecargar el sistema municipal. Añade que las obras no habrían sido recepcionadas formalmente debido a deficiencias técnicas y pide aclarar quién autorizó la evacuación de los residuos y con qué informes.

La segunda queja se refiere a la central de biomasa. Los residentes sostienen que sus chimeneas tienen menor altura que algunos edificios cercanos, lo que favorecería la llegada de humo y cenizas a las viviendas. Afirman que han trasladado denuncias al SEPRONA, al Ayuntamiento y a la Junta sin obtener la intervención que demandan. También aseguran que la Administración autonómica ha señalado al Consistorio como responsable de las licencias y la inspección de la instalación.

El movimiento reclama conocer qué combustible utiliza la planta y cuestiona que la calidad del aire se califique como "buena" a partir de una estación de medición que sitúa a unos dos kilómetros del barrio. A su juicio, esa distancia y la dirección habitual de los vientos impiden reflejar adecuadamente lo que ocurre junto a las viviendas.

Ante esta situación, los vecinos plantean cuatro medidas: una mesa de trabajo urgente entre las tres administraciones, una auditoría técnica y legal del saneamiento relacionado con la prisión, una inspección ambiental de la central de biomasa que incluya el registro de combustibles y la elevación de sus chimeneas, y la instalación de una estación de medición de la calidad del aire en El Mirón.

El colectivo insiste en que no reclama un trato de favor, sino respuestas concretas y el cumplimiento de las normas ambientales. "No pedimos favores ni aceptamos más dilaciones", concluye en su comunicado.