La asesina del niño Gabriel, hace siete años en Níjar (Almería), Ana Julia Quezada, comentó hace más de un año al excapellán del centro penitenciario de Brieva, situado a unos cinco kilómetros de Ávila, Jesús 'Chuchi' Galán, que "se marchaba" de esta prisión abulense.

El sacerdote, que a sus 84 años sigue ejerciendo como párroco de la pequeña localidad abulense de Mironcillo, ha comentado a la Agencia EFE que durante el tiempo que coincidieron ambos en la cárcel de mujeres en la que cumple condena Quezada, mantuvo con ella "una relación religiosa".

Ha añadido que no tiene demasiados detalles de la investigación a la que están siendo sometidos dos trabajadores del centro penitenciario abulense como supuestos responsables de un delito de cohecho, al haber proporcionado presuntamente un "trato de favor" a Ana Julia Quezada "a cambio de recibir favores sexuales" por parte de la condenada.

Según el religioso, que hace en torno a un año y medio dejó de ejercer como capellán de la cárcel de Brieva, en el tiempo que coincidió con ella fue "respetuosísima" con él, sin que haya podido dar otro tipo de detalles por "secreto de confesión".

Dentro de esa "relación religiosa", Jesús Galán ha indicado que ella "ya no va a misa" después de que él dejó de ejercer como capellán en la prisión, desde donde le envían recuerdos de ella quienes le han sustituido en su labor pastoral.

Preguntado por su relación con la asesina de Gabriel, el excapellán de Brieva ha comentado que le pareció una persona "muy equilibrada", que en una de sus últimas conversaciones le dijo que "se marchaba" del dentro penitenciario.

"Solicitó que para el Norte", ha apuntado el sacerdote, sin que el especificara el destino al que pretendía que le trasladaran.

Las investigaciones acerca de la posible implicación de dos trabajadores del centro, uno funcionario que está de baja tras no concederle la prejubilación y el otro trabajador laboral -cocinero- ya jubilado, corren a cargo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila.

Su titular investiga la posible comisión de un delito cohecho, según figura en las diligencias previas, en las que figura la declaración de Ana Julia Quezada hace pocos días.

Dicha declaración se produjo a raíz de la investigación iniciada hace casi un año, después de que la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, denunciara públicamente que la asesina de su hijo disponía de un teléfono que utilizaba para realizar entrevistas con el objetivo de realizar un documental en torno al asesinato de el 'Pescaíto' hace siete años en el municipio almeriense de Níjar.

A raíz de esa investigación tras la denuncia de la madre, dos trabajadores del centro penitenciario de Brieva han sido investigados por la Guardia Civil de Ávila por "la presunta comisión de un delito de cohecho", según Galeano.

Dicho delito habría consistido en "proporcionar un trato de favor a una interna de la prisión a cambio de recibir favores sexuales por parte de la misma".

Una vez finalizada la fase de investigación y la toma de declaraciones a los implicados y los testigos -internas, funcionarios y personal laboral-, el instituto armado entregó las diligencias al juzgado, que "ahora es quien debe marcar las actuaciones a realizar".

La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha denunciado este miércoles haber recibido amenazas directas desde la prisión de Brieva por parte de la autora del crimen, que cumple condena en esa cárcel abulense, al tiempo que ha lamentado la que considera "total falta de protección institucional".

Ante esta situación, ha reclamado medidas urgentes para evitar una "revictimización constante" de familias afectadas por este tipo de casos.