La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha intensificado su actividad en la provincia de Soria durante los primeros seis meses del año, en consonancia con las prioridades estratégicas del Gobierno para frenar el fraude laboral, mejorar la igualdad en el empleo y reforzar la prevención de riesgos laborales, especialmente los relacionados con el cambio climático.

Así se recoge en el informe presentado ante la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno, presidida por Miguel Latorre, en la que se detallan tanto las actuaciones realizadas en el primer semestre como los ejes prioritarios de los próximos meses. Entre ellos destacan el control de la contratación temporal, la protección de colectivos vulnerables, la lucha contra la economía irregular y los falsos autónomos, así como la detección de nuevos riesgos laborales como el gas radón o los humos diésel.

La actividad inspectora en Soria ha experimentado un repunte significativo: se han realizado 3.734 actuaciones, un 5% más que en 2023. Además, el número de infracciones detectadas ha pasado de 404 a 601 expedientes, lo que supone un incremento del 48%. En cuanto a los importes propuestos por sanciones, se ha producido un aumento del 45%, hasta alcanzar los 1.786.218 euros, frente a los 1.227.997 euros del año anterior.

Las áreas que han concentrado mayor volumen de trabajo han sido Seguridad Social, con 1.520 actuaciones y 213 infracciones, y Seguridad y Salud Laboral, con 864 intervenciones. Destaca especialmente el repunte en materia de economía irregular y trabajo de extranjeros, fundamental en sectores como la agricultura y la hostelería, donde se han duplicado los expedientes hasta alcanzar 894, con un fuerte crecimiento tanto en infracciones como en la cuantía sancionadora: de 532.387 a 895.243 euros.