Esta semana será decisiva para el plan de redistribución de menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla. El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros un decreto que establece la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía, un paso fundamental para calcular el número de jóvenes que deberá asumir cada territorio.

El mecanismo, fruto de la reforma de la ley de extranjería aprobada en primavera, contempla que aquellos menores acogidos en territorios cuya ocupación triplique su capacidad ordinaria sean derivados de forma obligatoria al resto del país. El objetivo es aligerar la presión en las fronteras, con un reparto estimado de unos 3.000 jóvenes en el plazo de un año.

Además, desde septiembre todos los menores que lleguen a zonas tensionadas deberán ser trasladados en un máximo de 15 días. Para poner en marcha este sistema han sido necesarios tres decretos: el de julio, que fijó el protocolo de traslado; el de esta semana, que determina las plazas de referencia por autonomía; y otro adicional sobre la situación de contingencia migratoria.

Los criterios 

El cómputo de derivaciones se basará en varios parámetros: población (50%), renta per cápita, tasa de paro, esfuerzo previo, plazas disponibles, condición de frontera, insularidad y dispersión territorial.

Según los cálculos preliminares del Gobierno, las comunidades que más jóvenes recibirán serán Andalucía (677), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571). Les seguirán Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205) y Castilla y León (197).

Con el esfuerzo de acogida ya realizado, ni el País Vasco ni Cataluña estarían obligadas a nuevas derivaciones, aunque la Generalitat ha expresado su intención de acoger al menos a 31 menores.

Financiación y tensiones 

El plan cuenta con una dotación de 100 millones de euros en 2025. El Ministerio de Juventud e Infancia cubrirá los traslados y los gastos de acogida durante los tres primeros meses. Canarias será la comunidad más beneficiada en términos de financiación, con más de 24 millones de euros, seguida de Madrid (15,8 millones) y Andalucía (8,8 millones).

No obstante, el mecanismo afronta una fuerte contestación política. Once autonomías han recurrido el sistema: diez gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, del PSOE. Además, la Comunidad de Madrid y Baleares han llevado los decretos al Tribunal Supremo, y el Ejecutivo balear ha pedido incluso la suspensión cautelar del reparto.

Pese a ello, el Gobierno central ha recordado que mientras la ley esté en vigor, todas las comunidades deben cumplirla.