El tribunal de la Audiencia de Valladolid que juzga desde este lunes, 15 de septiembre, a una quincena de procesados por el caso conocido como 'trama eólica' ha excluido a uno de los encausados después de que las acusaciones particulares retiraran los cargos contra él.

En el trámite de cuestiones previas, al inicio de la vista oral, los acusadores particulares que dirigían sus escritos contra el empresario Carlos Galdón han retirado las acusaciones, aunque sí han solicitado su comparecencia en la Sala como testigo, a lo que se ha opuesto uno de los letrados defensores y sobre lo que deliberará el tribunal.

Ante esta situación, el abogado de Galdón ha reclamado el sobreseimiento libre de la causa respecto a su representado y por tanto que no declare como acusado.

El magistrado presidente de la Sala ha decidido excluir al encausado por aplicación del principio acusatorio - ya no le acusa ninguna de las partes personadas -.

En 2021, durante la comisión de investigación sobre el caso que se llevó a cabo en las Cortes de Castilla y León, Galdón proclamó su inocencia y se acogió a su derecho a no declarar, ya que se encontraba entonces investigado en la causa, seguida por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Valladolid.

El compareciente, en aquella ocasión, tras expresar el "más alto respeto" por la labor de la Comisión, manifestó al inicio de la sesión que se encontraba imputado y, como consecuencia y por consejo de sus abogados, con el fin de preservar su derecho de defensa y respetar al tribunal correspondiente, se iba a acoger al derecho constitucional a guardar silencio.

En el juicio que se celebra desde este semana en la Audiencia, además del fiscal y la abogacía del Estado, figuran cinco acusaciones particulares y una acción popular, ejercida por Ecologistas en Acción, además de catorce letrados defensores.

Tras la exposición de las cuestiones previas por parte de las acusaciones, será el turno de las defensas para que den a conocer sus planteamientos.

Las acusaciones contra los encausados, exaltos cargos de a Junta de Castilla y León y empresarios, se centran en un supuesto caso de corrupción con un sistema establecido para retirar a los servicios territoriales de Industria la capacidad de autorizar parques eólicos y concentrar la decisión en la Viceconsejería, de la que se ocupaba en el momento de los hechos uno de los procesados, Rafael Delgado.

La forma de actuar al parecer consistía en obligar a que en cada proyecto figurara una empresa radicada en Castilla y León elegida por la Consejería, unas compañías que adquirían participaciones a bajo coste que, una vez conseguida la autorización, revendían a los verdaderos promotores con beneficios y que podían suponer 250.000 euros por megawatio autorizado, según fuentes jurídicas.