La Diputación de Soria llevará el conflicto por la ampliación del aeródromo de Garray a los tribunales para que se determine quién tiene la competencia sobre el proyecto. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) sostiene que la responsabilidad ya ha sido traspasada a la Junta de Castilla y León, mientras que el Ejecutivo autonómico insiste en que el traspaso aún no se ha formalizado mediante la Comisión Mixta de Transferencias y la aprobación del correspondiente Real Decreto.

Ante esta situación de bloqueo, la Diputación ha decidido recurrir a la justicia. Según explicó el vicepresidente José Antonio de Miguel Nieto, la demora en la concesión de los permisos ha paralizado la iniciativa de convertir el aeródromo en el Aeroparque Tecnológico e Industrial (ATI), que cuenta con varios proyectos en cartera.

"Estamos viendo cómo se cartean y estamos cansados. No tenemos otra solución porque podemos pasarnos así años. Hay un gestor que quiere entrar a gestionar el aeródromo desde noviembre, pero no puede tomar posesión. Hay un concesionario que se quiere ir y encima le seguimos pagando mucho más de lo que nos costaría la nueva gestión. Pero no se puede ir porque no podemos dejar el aeródromo sin servicio", lamentó De Miguel, quien subrayó que la institución no puede iniciar ni una sola obra.

Las obras de ampliación de la pista y la plataforma de hangares siguen paralizadas, pese a que varias empresas han mostrado interés en instalarse en el recinto. "Estamos en una indefensión y será el juez quien diga quién es el competente", añadió el vicepresidente.

De Miguel apuntó además que, a su juicio, la Junta de Castilla y León tiene razón en este conflicto, ya que no ha recibido formalmente la competencia. Por ello, el Gobierno autonómico ya ha solicitado la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para resolver definitivamente la situación.