La Red SSPA (Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa), de la que forma parte FOES, ha reclamado en el Comité Europeo de las Regiones la creación de un marco europeo específico que reconozca las desventajas estructurales de territorios con muy baja densidad de población, una realidad que afecta de forma directa a la provincia de Soria.
La petición se trasladó durante una consulta de alto nivel celebrada en Bruselas, centrada en la propuesta de Reglamento del Fondo de los Planes de Asociación Nacionales y Regionales (NRPP), incluida en el borrador del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. En el encuentro participaron responsables políticos europeos, representantes regionales y agentes socioeconómicos.
El coordinador de la Red SSPA, Mario Vega, defendió que los reglamentos europeos incorporen, desde su fase inicial y antes de su aplicación nacional, referencias claras a las zonas escasamente pobladas, que parten con un menor margen de maniobra en los procesos de negociación. Según expuso, este reconocimiento previo es clave para asegurar un trato prioritario en el acceso a los fondos y evitar que las necesidades de estos territorios se diluyan en sistemas complejos de gobernanza.
Durante el debate, Vega subrayó que la futura arquitectura presupuestaria debe alinearse con el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece la atención especial a las regiones con desventajas naturales o demográficas graves. También advirtió del riesgo de recentralización en la gestión de los fondos bajo el argumento de la simplificación administrativa.
Desde la perspectiva de provincias como Soria, la Red SSPA considera imprescindible reforzar la participación de las autoridades regionales y locales y acompañar la gobernanza financiera con mecanismos normativos de diferenciación territorial real, adaptados a la limitada capacidad administrativa de muchos municipios rurales.
La organización recordó, además, que la despoblación y el declive demográfico ya afectan a numerosas regiones de la Unión Europea y alertó de que, si no se actúa en el próximo periodo presupuestario, esta problemática podría extenderse a más de la mitad de los Estados miembros en 2034, con especial impacto en territorios como la provincia de Soria.
