La provincia de Soria contabilizaba a 30 de junio un total de 411 altas en la Seguridad Social vinculadas al proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras, una cifra que representa el 19,9 % de las 2.069 solicitudes registradas durante este procedimiento. Es decir, prácticamente una de cada cinco solicitudes ya se ha traducido en una incorporación al mercado laboral.

El porcentaje alcanzado por Soria supera tanto la media de Castilla y León, situada en el 19,0 %, como la del conjunto de España, que alcanza el 13,5 %. No obstante, la Subdelegación del Gobierno recuerda que estos datos no representan todavía una tasa definitiva de resolución, ya que más de la mitad de los expedientes nacionales continuaban en tramitación a comienzos de julio.

En junio, la provincia registró una media de 6.819 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, 362 más que el mes anterior, lo que supone un incremento mensual del 5,61 %. Con una afiliación total de 42.871 cotizantes, los trabajadores extranjeros representan ya el 15,91 % del mercado laboral soriano, un peso claramente superior al de la media autonómica y ligeramente por encima de la nacional.

Las 411 altas asociadas a la regularización equivalen al 6 % del total de trabajadores extranjeros afiliados en la provincia y a cerca del 1 % del conjunto de cotizantes. El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, destacó que el procedimiento está favoreciendo una incorporación "efectiva y apreciable" al mercado laboral en una provincia donde la llegada de trabajadores resulta necesaria para sostener la actividad económica.

A nivel nacional, el proceso está generando empleo principalmente mediante contratos indefinidos. El 83,4 % de las personas dadas de alta pertenece al Régimen General y el 77,3 % cuenta con un contrato estable. Las incorporaciones se concentran especialmente en la hostelería, el comercio, las actividades administrativas y la construcción.

En cuanto a la demanda del proceso extraordinario, Soria registró 2.069 solicitudes, el equivalente a 22,8 por cada mil habitantes, por encima de la media de Castilla y León y muy próxima a la del conjunto del país. Para Miguel Latorre, la regularización ha permitido avanzar desde la situación administrativa hacia la incorporación efectiva al empleo, la cotización y la protección social de centenares de personas.