El consejero de Cultura de Castilla y León, Alberto Díaz, ha recordado este miércoles que los propietarios de bienes de interés histórico y artístico tienen la obligación de "conservar, tutelar y supervisar" su estado, tras el derrumbe parcial sufrido por el palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán.

El responsable autonómico ha señalado que "es imposible abordar todas las necesidades de forma instantánea" y ha defendido el plan de monitorización puesto en marcha por la Junta de Castilla y León para controlar el estado de los monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC). El palacio adnamantino cuenta con esta protección desde 1991.

Técnicos de Patrimonio, personal municipal y diferentes autoridades analizan las consecuencias del derrumbe y la posibilidad de que se produzcan nuevos desprendimientos. La caída ha afectado a varios arcos de medio punto de la galería gótica situada en la fachada trasera, orientada hacia el río Duero.

La fachada principal del edificio, de estilo renacentista y abierta a la plaza Mayor, no ha sufrido daños hasta el momento. El consejero también ha indicado que el 95% del inmueble es de propiedad privada y ha insistido en que corresponde a sus titulares asumir su conservación.

El incumplimiento de esta obligación podría llegar a desembocar en una expropiación, aunque Díaz ha descartado que esa posibilidad se esté contemplando actualmente. "Eso sería la última fase del procedimiento y no estamos en eso", ha precisado.

El derrumbe ha condicionado las fiestas de la Bajada de Jesús. El espectáculo pirotécnico previsto para el domingo ha quedado suspendido, tanto por la situación del palacio como por la alerta de riesgo máximo de incendios forestales activada por la Junta.