La investigación judicial del caso Fuentona continuará bajo secreto de las actuaciones durante un mes más. La Sección de Instrucción, plaza 3, del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado una nueva prórroga que comenzará a aplicarse el próximo 22 de octubre, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

La medida mantiene la reserva sobre las diligencias abiertas para esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del Ayuntamiento de Soria. No se trata de la primera ampliación: la anterior entró en vigor el 22 de septiembre, después de que el órgano judicial apreciara que la complejidad de la investigación había impedido concluir las actuaciones pendientes en el plazo previsto.

En aquella resolución, el tribunal consideró necesario mantener el secreto para evitar que la difusión de las diligencias pudiera perjudicar el resultado de las pesquisas. Con la nueva decisión, la investigación seguirá desarrollándose bajo esa misma reserva judicial.

El procedimiento se hizo público el 23 de junio, cuando la Guardia Civil llevó a cabo registros en las dependencias del Ayuntamiento de Soria y en dos viviendas particulares. La operación se saldó inicialmente con siete personas detenidas, que posteriormente quedaron en libertad con cargos y con la obligación de comparecer ante el juez.

Entre las personas arrestadas se encontraba Yolanda Santos, entonces concejala de Turismo, Comercio y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria. Tras conocerse la investigación, Santos renunció a su acta de concejala y se dio de baja en el PSOE.

Las diligencias investigan hechos que podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Se trata de posibles delitos objeto de investigación, sin que su mención implique que hayan quedado acreditados.

En el transcurso del procedimiento también se ha autorizado la intervención de Vox y el PP como acusaciones populares. La personación de Vox fue admitida en julio y la del Partido Popular, en agosto, cuando ya se había acordado otra ampliación del secreto de las actuaciones.