Soria no contará con ninguna de las 17 nuevas unidades judiciales previstas por el Gobierno de España para Castilla y León en 2027, pese a las reiteradas peticiones para reforzar la estructura judicial de la provincia. La Junta de Castilla y León ha advertido de esta ausencia en el informe remitido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en el que respalda la ampliación de la planta judicial autonómica, pero reclama que se atienda la creación de una Sección de Vigilancia Penitenciaria en Soria.

La Consejería de la Presidencia ha emitido un informe favorable a las 17 plazas asignadas a Castilla y León, que forman parte de las 500 nuevas unidades judiciales que el Ejecutivo central pretende poner en funcionamiento en toda España durante 2027. Sin embargo, el documento vuelve a señalar que Soria y Palencia son las dos provincias de la Comunidad que no recibirán ninguna de estas nuevas unidades, una circunstancia que ya había sido cuestionada por el Gobierno autonómico el pasado mes de febrero.

En el caso de Soria, la principal reivindicación continúa siendo la constitución de una Sección de Vigilancia Penitenciaria, una petición que, según la Junta, ha sido trasladada reiteradamente tanto por la Administración autonómica como por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La creación de este órgano especializado permitiría reforzar la estructura judicial encargada de las materias relacionadas con la ejecución de las penas privativas de libertad, el control judicial de la actividad penitenciaria y la protección de los derechos de las personas internas.

Una reclamación respaldada por las Cortes desde 2023

La petición de una Sección de Vigilancia Penitenciaria para Soria tampoco es nueva en el ámbito parlamentario. Esta necesidad figura entre las prioridades recogidas en la Resolución de 15 de mayo de 2023, aprobada por la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León tras el debate de una Proposición No de Ley relacionada con la ampliación de los órganos judiciales.

Pese a este antecedente, la propuesta del Ministerio para 2027 vuelve a dejar sin atender la demanda soriana. La Junta insiste en que la distribución de las nuevas plazas debe responder a las necesidades trasladadas por los órganos judiciales y las administraciones competentes, más allá de la ampliación prevista inicialmente por el Gobierno.

Diecisiete nuevas unidades repartidas por Castilla y León

La propuesta ministerial contempla seis plazas de magistrado en las Audiencias Provinciales de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, además de siete plazas en los Tribunales de Instancia de Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora.

También incluye una nueva Sección de Violencia sobre la Mujer en Salamanca, una plaza para la Presidencia del Tribunal de Instancia de Valladolid y dos puestos de juez de adscripción territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Aunque la Administración autonómica considera positiva esta ampliación, mantiene sus reclamaciones para Soria y Palencia, donde continúa pendiente una plaza en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia. Asimismo, solicita extender la creación de órganos especializados en violencia sobre la mujer a otras circunscripciones judiciales de Castilla y León.

La distribución prevista para 2027 deja, por tanto, sin respuesta la reivindicación de una Sección de Vigilancia Penitenciaria en Soria, que continúa entre las necesidades de ampliación de la planta judicial defendidas por la Junta.