El Partido Popular de Soria ha iniciado una campaña de recogida de firmas para mostrar su rechazo a la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que prevé implantar el Ayuntamiento de la capital. La formación considera que la medida no se ajusta a la realidad de la ciudad y advierte de posibles efectos negativos sobre la movilidad y la actividad económica.

La portavoz municipal del PP, Belén Izquierdo, anunció que los populares instalarán una carpa en la plaza de Mariano Granados para recabar apoyos entre los ciudadanos contrarios a la ordenanza. Según defendió, las restricciones planteadas podrían afectar al comercio, la hostelería y los pequeños negocios del centro de la ciudad.

Los populares sostienen que Soria carece de alternativas suficientes al vehículo privado y consideran que limitar el tráfico en determinadas calles podría desplazar los problemas de movilidad a otros barrios en lugar de solucionarlos.

Por su parte, el concejal Saturnino de Gregorio argumentó que la capital soriana no está obligada a implantar una Zona de Bajas Emisiones al contar con una población inferior a los 50.000 habitantes. Además, aseguró que no existen problemas de calidad del aire que justifiquen la medida.

"Hace meses que pedimos los informes para conocer los niveles de contaminación y no nos los han dado. Esto pasa porque simplemente en Soria no hay exceso de contaminación", afirmó De Gregorio, quien defendió que la ciudad presenta unas condiciones ambientales favorables y está rodeada de amplias zonas verdes.

El edil también cuestionó que la documentación analizada hasta ahora incluya todos los elementos necesarios para justificar la ordenanza. En este sentido, reclamó datos sobre contaminación atmosférica, población afectada, delimitación de la zona, medidas concretas y sistemas de control de accesos.

El PP relacionó además la implantación de la ZBE con la obtención de una subvención estatal cercana a los 549.000 euros y reclamó explicaciones sobre los beneficios concretos que tendrá el proyecto para la ciudad.

La formación avanzó que presentará alegaciones durante el periodo de exposición pública si la ordenanza obtiene la aprobación inicial en el pleno previsto para este viernes. Asimismo, no descartó acudir a la vía contencioso-administrativa una vez estudie la documentación definitiva.

Los populares incluso se comprometieron a derogar la ordenanza en caso de acceder al gobierno municipal en el futuro.