La portavoz popular, Belén Izquierdo, reclamó este viernes 31 de julio al equipo de gobierno que retire el texto y estudie otras medidas para mejorar la movilidad y la calidad del aire. El PP sostiene que el expediente no justifica suficientemente las restricciones previstas ni sus consecuencias para los residentes.

Izquierdo precisó que su grupo no se opone a la adopción de políticas medioambientales, sino a la configuración concreta de la ZBE. Según defendió, Soria no está obligada por su población, inferior a 50.000 habitantes, a implantar una zona de estas características.

Uno de los principales argumentos incluidos en las alegaciones es la supuesta ausencia de un informe técnico que determine qué niveles de contaminación pretende reducir el Ayuntamiento y qué resultados espera obtener. El PP también echa en falta un análisis económico sobre el impacto de las limitaciones en los vecinos y en la actividad de la ciudad.

La portavoz señaló que cualquier restricción a la circulación debe estar respaldada por datos y objetivos concretos. También reclamó que se estudien previamente posibles alternativas, como cambios en el transporte urbano, antes de aprobar el nuevo marco regulador.

Las 3.000 firmas recogidas serán utilizadas por el grupo municipal para acreditar lo que considera una oposición social al proyecto. Izquierdo pidió al gobierno local que reconsidere su postura y acusó al Ayuntamiento de impulsar la ZBE para acceder a una subvención.

El PP da por hecho que el equipo de gobierno aprobará el texto gracias a su mayoría absoluta, pero no descarta acudir posteriormente a la jurisdicción contencioso-administrativa. "No dudaremos en llegar hasta donde tengamos que llegar", advirtió la portavoz.

Izquierdo se mostró convencida de que los tribunales podrían anular la normativa si finalmente entra en vigor. Para fundamentar esta posibilidad, aludió a la resolución judicial sobre la ZBE de Madrid y aseguró que en Soria tampoco existe una justificación económica suficiente.

La representante popular cuestionó además la coherencia de las medidas municipales al considerar insuficiente la infraestructura disponible para recargar vehículos eléctricos y recordar que los autobuses urbanos continúan utilizando diésel.

Con sus alegaciones, el PP pretende detener la aprobación del texto actual y abrir un nuevo debate sobre las medidas de movilidad y protección ambiental que podrían aplicarse en Soria sin recurrir a las restricciones contempladas en la ZBE.