Soria YA y UPL han registrado este viernes 31 de julio en las Cortes de Castilla y León una nueva proposición de ley para regular el cuerpo de agentes medioambientales, con la pretensión de iniciar otra tramitación parlamentaria después de que la disolución de la Cámara impidiera completar el procedimiento anterior.

Los procuradores Ángel Ceña, de Soria YA, y Alicia Gallego, de UPL, presentaron la iniciativa junto a representantes de CSIF, coincidiendo con el Día Internacional de los Agentes Medioambientales. El documento incorpora modificaciones técnicas y semánticas respecto a la propuesta registrada en mayo de 2025, aunque las formaciones se muestran abiertas a aceptar enmiendas durante su tramitación.

La proposición deberá recibir ahora el informe de la Junta de Castilla y León y ser calificada por la Mesa de las Cortes antes de llegar al pleno. Soria YA y UPL consideran una "obligación" que los grupos parlamentarios permitan su tramitación tras los incendios registrados durante el verano.

Ángel Ceña defendió la importancia de una normativa dirigida a unos profesionales que trabajan en la vigilancia de los montes durante todo el año y que, según recordó, dirigen buena parte de los operativos de extinción de incendios forestales.

El texto propone crear un cuerpo específico de agentes medioambientales, inexistente actualmente como tal, y establecer una carrera profesional dividida en tres escalas. También plantea que las guardias sean realizadas por dos personas, reforzar la protección frente a posibles agresiones y mejorar la formación mediante una nueva escuela en Castilla y León.

El procurador de Soria YA aseguró que el objetivo es aportar una medida práctica ante los problemas medioambientales y los incendios. "Queremos hacer algo de verdad, práctico, que sirva", afirmó Ceña, quien pidió la colaboración de todos los grupos parlamentarios.

El representante soriano confió además en que la Junta no vuelva a emitir un informe contrario a la tramitación de la norma, especialmente después de los incendios de 2025 y de los 90 millones de euros incluidos en el nuevo plan de recuperación aprobado esta semana.

La primera versión de la ley fue registrada por UPL y Soria YA en mayo de 2025, cuando ambas formaciones contaban con grupo parlamentario propio. En septiembre, la Mesa de las Cortes descartó inicialmente su tramitación después de que la Junta estimara que su aplicación supondría un gasto adicional de al menos 10,64 millones de euros.

La iniciativa fue recuperada en octubre y comenzó a tramitarse un mes después tras recibir el respaldo del pleno, con la abstención del PP y la oposición de la Junta. Sin embargo, la disolución de las Cortes en enero impidió que el procedimiento continuara.

La portavoz del Grupo Mixto y procuradora de UPL, Alicia Gallego, sostuvo que Castilla y León acumula dos años de retraso en la adaptación a la legislación básica estatal y en la creación del cuerpo de agentes medioambientales.

Gallego reclamó medidas concretas frente a lo que calificó como una etapa de parálisis. "No valen los titulares, no vale la palabrería, sino que es necesario tomar medidas", señaló.

La representante de UPL defendió que la regulación debe recoger las necesidades del campo, del medio rural y del patrimonio natural. También rechazó las soluciones incluidas por la Junta en dos decretos leyes que fueron rechazados por las Cortes y reclamó una normativa que regule las escalas, las especialidades y la promoción interna.

Alicia Gallego sostuvo que la protección del territorio requiere inversión y no únicamente ayudas posteriores a los incendios. Según argumentó, mejorar los medios disponibles para la prevención y la extinción supone también reducir los costes derivados de las emergencias.

Por parte de CSIF, la delegada de Medio Ambiente y agente medioambiental Sara Mateos pidió a los grupos parlamentarios que apoyen la proposición. La representante sindical denunció que la Junta lleva dos años sin adaptar la normativa autonómica a la ley básica de agentes medioambientales y forestales y 19 años sin integrar a estos profesionales en el grupo B previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Mateos reclamó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que el reconocimiento a los agentes se traduzca en derechos, seguridad, medios y respaldo legal, y pidió que sus reivindicaciones no vuelvan a quedar relegadas cuando termine la temporada de incendios.