Soria cuenta actualmente con 1.480 titulares de ayuda a domicilio y 2.595 de teleasistencia en el conjunto de la provincia, según los últimos datos remitidos por la Subdelegación del Gobierno. De ellos, 548 usuarios de ayuda a domicilio y 1.300 de teleasistencia corresponden a Soria capital.

Estas cifras cobran especial relevancia tras la aprobación definitiva esta semana en el Congreso de los Diputados de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, después de su paso por el Senado. El texto afronta ahora el último trámite previo a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La modificación normativa refuerza servicios como la ayuda a domicilio y la teleasistencia y amplía las posibilidades para que las personas en situación de dependencia puedan permanecer en su entorno habitual con mayores apoyos.

En el caso de la ayuda a domicilio, la Diputación de Soria dispuso el pasado año de un presupuesto de 5,8 millones de euros para la prestación del servicio en su ámbito de gestión. En la capital, los datos municipales correspondientes a 2025 recogen 548 personas atendidas mediante ayuda a domicilio y 1.300 mediante teleasistencia.

El Ayuntamiento de Soria ha previsto además incrementar en 2026 hasta los 2,8 millones de euros la partida destinada a ayuda a domicilio.

La ayuda a domicilio sale también de casa

Una de las principales novedades de la reforma afecta directamente al alcance de la ayuda a domicilio. Hasta ahora, este servicio estaba estrechamente ligado a las actuaciones desarrolladas en la vivienda de la persona dependiente.

Con la nueva regulación, podrá incluir acompañamientos necesarios para desarrollar actividades básicas de la vida diaria fuera del domicilio, como acudir a una consulta médica o realizar la compra.

El objetivo es que el servicio se adapte de manera más amplia a las necesidades cotidianas de cada usuario y facilite su permanencia en su propio entorno.

La reforma también elimina el régimen general de incompatibilidades entre prestaciones. De esta manera, el Programa Individual de Atención podrá combinar diferentes recursos atendiendo a las circunstancias concretas de cada persona.

Una persona que permanezca en su domicilio podrá, por ejemplo, compatibilizar la asistencia a un centro de día con cuidados en el entorno familiar o con un servicio de teleasistencia.

Precisamente, la teleasistencia pasa a configurarse como un derecho subjetivo para todas las personas que tengan reconocida una situación de dependencia y tendrá carácter complementario respecto a otras prestaciones y apoyos.

La nueva regulación refuerza igualmente el carácter preventivo de este servicio y contempla la utilización de dispositivos tecnológicos que permitan mejorar el seguimiento y la atención de los usuarios.

Cambios para las personas cuidadoras

La reforma amplía también el concepto de persona cuidadora. La legislación reconocerá tanto a la persona cuidadora principal como a cuidadores no profesionales pertenecientes al entorno relacional de la persona dependiente.

Asimismo, se garantiza que la Administración General del Estado asuma las cotizaciones de las personas cuidadoras principales.

La normativa contempla igualmente medidas destinadas a garantizar la continuidad de los cuidados cuando se produzcan situaciones como una enfermedad grave o una hospitalización de la persona que habitualmente se ocupa de prestar esa atención.

Tres meses para reconocer la dependencia

Otro de los cambios de mayor impacto afecta a los procedimientos administrativos. El plazo máximo establecido para resolver el reconocimiento de una situación de dependencia se reduce de seis a tres meses.

La modificación pretende acortar los tiempos de espera desde que una persona solicita la valoración hasta que obtiene el correspondiente reconocimiento.

También se amplía la asistencia personal, que pasa a consolidarse como un servicio ordinario dentro del catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La intención es ampliar las alternativas disponibles para que cada persona pueda recibir apoyos adecuados a su situación y mantener el mayor grado posible de autonomía.

Nuevos reconocimientos en discapacidad

La reforma introduce asimismo cambios relevantes en materia de discapacidad.

El texto contempla el reconocimiento automático de un 33 % de discapacidad para las personas con grado I de dependencia, mientras que quienes tengan reconocido un grado II o III podrán obtener un 65 %.

La norma incorpora además la accesibilidad universal como derecho subjetivo y reconoce también con esta consideración la atención temprana destinada a los niños de cero a seis años.

El Estado deberá asumir el 50 % de la financiación

La reforma incorpora a la Ley de Dependencia la obligación de que la Administración General del Estado financie el 50 % del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Esta modificación se suma al incremento de la financiación estatal aprobado el pasado mes de junio, que contempla la aportación a las comunidades autónomas de 6.200 millones de euros adicionales durante 2026 y 2027.

En 2026, Castilla y León recibe 95,8 millones de euros de la Administración General del Estado a través del denominado nivel acordado de dependencia.

Esta cantidad representa el 10,59 % de los 904,2 millones de euros distribuidos entre las comunidades y ciudades autónomas mediante este mecanismo.

Los 95,8 millones corresponden exclusivamente al nivel acordado y se añaden a la financiación estatal canalizada mediante el nivel mínimo, que se aporta por cada persona que tiene reconocido oficialmente un grado de dependencia.